25 de agosto de 2016
25.08.2016
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La oposición acusa de "matonismo" al PSOE por pedir llevar las facturas al juez

El PP e IU denuncian que el gobierno avilesino genera el problema al querer aprobar deudas de la Concejalía de Festejos, en investigación por supuestas irregularidades

25.08.2016 | 08:45

Casi toda la oposición tildó ayer de "amenaza", "matonismo" y "pataleta" la advertencia del PSOE de que va a "invitar" a las empresas afectadas por el bloqueo en el pago de los reconocimientos extrajudiciales de crédito a acudir al juez para reclamar el abono de esos servicios prestados si no son aprobados en el Pleno de septiembre, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. De salir adelante el recurso, los ediles que hayan votado en contra podrían enfrentarse a la inhabilitación o a tener que abonar esos pagos con su patrimonio.

Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida afirmaron que el culpable de que no salieran adelante en la pasada sesión plenaria -se retiraron del orden del día- fue el propio PSOE, al rechazar sacar de ese paquete facturas relacionadas con Festejos, un área bajo sospecha por supuestos pagos irregulares que están bajo investigación. El resto, que en total suma unos 200.000 euros, son de la empresa que impartía las actividades extraescolares y de las compañías que gestionan el servicio de telecomunicaciones y teleasistencia.

"Es sorprendente este anuncio cuando nuestra postura ha sido clara durante todo este proceso: abstenernos en los reconocimientos de crédito para que salgan adelante con los votos favorables del PSOE. En el último pleno pedimos que se retirasen facturas de Festejos hasta que se resuelva la investigación porque nos generaban dudas y la respuesta del portavoz socialista fue que tenía que ir todo en el mismo expediente; que todo o nada. Es el gobierno el que en este caso causa un perjuicio a las empresas por su incapacidad para negociar", aseveró Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz municipal del Partido Popular. El concejal popular arremetió contra el gobierno por "empecinarse" en que sea la oposición el que tenga que "salvarle" por su "mala praxis". "Parece que nos quieren colar esas facturas y eso nos genera aún más dudas. Déjalas apartadas y, cuando se resuelva el asunto de Festejos, las llevas al pleno. El PSOE está enredando todo esto", concluyó el responsable del PP.

IU, en la misma línea del PP, aseguró que la reacción del PSOE no era más que una "pataleta". "La soberbia no les deja negociar. Todo es un lo tomas o lo dejas y no puede ser así con un gobierno en minoría", aseveró Carmen Conde, concejala de la coalición. La edil afirmó que el gobierno podría haber sacado adelante esos reconocimientos de crédito si hubiera retirado la documentación relacionada con Festejos. "Estamos a expensas de un informe de Festejos. Saca esas facturas y pasamos la mayor parte de ellas... pero no, se meten todo en un totum revoluntum. Aún no se han dado cuenta de que tienen ocho concejales; no aprendieron nada en este mandato. Instar a las empresas a que denuncien a la oposición no es la manera de tender puentes para negociar las ordenanzas y los presupuestos. Parece que quiere dinamitar lo poco que tenemos; es poco inteligente", aseveró Conde.

Somos Avilés, por su parte, afirmó que su formación no está en contra de que se paguen esos reconocimientos de crédito, sino que lo que pide es que se "cumpla la ley" y pasen previamente por el Consejo Consultivo del Principado. "El PSOE utiliza la amenaza en lugar del argumento. Miente cuando dice que los pagos se bloquean por el rechazo plenario. Lo que los concejales de Somos Avilés hacen es cumplir con la ley. En este caso se hace de forma escrupulosa porque estamos hablando del uso de los fondos públicos", aseveró Primitivo Abella, concejal de Somos.

El criterio que sostiene el grupo municipal Somos Avilés es que se debe seguir un procedimiento previo: "Ese criterio está claramente fundamentado por la jurisprudencia, por tanto no existe arbitrariedad". Así esgrime, por ejemplo, un dictamen del Consejo de Estado que asegura que "la Administración no puede partir de que un acto es nulo como fundamento para remediar un daño por haber sido antijurídico sin que haya precedido previa declaración de tal nulidad, por lo que deberá tramitarse el correspondiente procedimiento de revisión de oficio del contrato". Y esa revisión, que es "un filtro anticorrupción", es el que debe hacer, según Somos, el Consejo Consultivo del Principado. "Las cosas se hicieron mal y no basta con levantar la mano para taparlas", concluyó Abella.

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