El gobierno castrillonense continua con la ejecución de la sentencia judicial que obliga a derribar parte de un chalé en Salinas y ha sacado a concurso las obras de demolición, que ascienden a algo más de 135.500 euros. A la espera de que los jueces se pronuncie sobre la petición de la "inejecutabilidad legal" del fallo, solicitada por los propietarios del chalé y a la que se sumó el Ayuntamiento, la tramitación del expediente tiene que continuar, según señaló ayer la alcaldesa y concejala de Urbanismo, Yasmina Triguero.
"Está solicitada la suspensión de la ejecución de la sentencia y los propietarios también han pedido la legalización de las obras en base a la modificación del Plan general de Ordenación Urbana, aprobada definitivamente hace unos meses por la que quedó anulado el artículo 249 del Plan urbano que ponía como límite ocho años desde la aprobación del documento (2001) para realizar ampliaciones en las viviendas", manifestó la Regidora.
Si finalmente los jueces admiten la "inejecutabilidad legal" de la sentencia, será la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota) quien tenga la última palabra en materia urbanística. "Tenemos que continuar con los trámites que nos exige el cumplimiento de la sentencia por ello sacamos a concurso las obras de demolición. Hemos incluido en las bases una cláusula para blindar al Ayuntamiento en el caso de que finalmente se suspenda el derribo", afirmó Triguero.
"Nos sumamos a la suspensión de la sentencia y así se lo comunicamos a los jueces y, en el caso de la legalización de las obras, estamos de acuerdo siempre que se subsanen unas deficiencias en la red de saneamiento y se derribe un peto de cierre, entre otras cuestiones", concluyó la Alcaldesa.
