03 de noviembre de 2016
03.11.2016
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CARLOS PÉREZ | Abogado, experto en los derechos intelectuales asociados al software

"El uso de software pirata en las empresas genera mil millones al año de pérdidas"

"Quien delinque debe saber que se expone a una sanción de las que escuecen"

06.11.2016 | 16:31
Carlos Pérez, ayer, delante del Ayuntamiento de Avilés.

El abogado barcelonés Carlos Pérez es colaborador en España de Business Software Alliance (BSA), una asociación comercial internacional sin ánimo de lucro creada para defender los intereses del sector de software y de sus socios de hardware, abrió ayer de tarde las ponencias de la VI Semana de impulso TIC que se celebran hasta mañana en el Niemeyer y por las que desfilarán varios expertos en asuntos informáticos. La charla de Pérez se centró en las responsabilidades legales y económicas en que incurren las empresas que emplean software "pirata".

-¿Cuál es su estimación sobre el porcentaje de empresas españolas que usan software sin pasar por caja?

-Ronda el 44 por ciento, diez puntos por encima de la media europea, si bien hay que destacar que ese porcentaje llegó a ser hasta del 89 por ciento y gracias al trabajo de organismos como BSA y del endurecimiento de la ley se ha conseguido bajar.

-¿Y eso cuánto representa en dinero?

-Del orden de mil millones de euros al año de pérdidas directas para las empresas desarrolladoras de software; aparte, el daño indirecto, incalculable para el sector.

-O sea, que no le falta trabajo...

-El año 2015 recibimos 370 denuncias de supuestos casos de uso fraudulento de software; 191 acabaron en acciones legales y el resto, desestimadas por falta de pruebas. De las que prosperaron, 25 acabaron en la vía judicial y el resto se resolvieron o están en trámite por una vía más "amistosa": comunicación por carta de la situación y sugerencia de la apertura de negociaciones para legalizar la misma.

-¿Qué pasa cuando el asunto acaba en el Juzgado?

-Pues se realiza una inspección sorpresa para hacer un inventario de los programas instalados, se cotejan los mismos con las licencias que están en orden y, en caso de haber indicios de delito, se abren diligencias.

-Habla usted de delito, ¿tan serio es el asunto?

-Si bien es cierto que la legislación española siempre ha perseguido estas prácticas, fue en 2010 cuando entró en vigor la normativa que extiende la responsabilidad por el uso de software pirata a las propias empresas y sus administradores. En 2015 se reforzó esa vía, de modo que ahora se trata de un delito punible penalmente.

-¿Sus mayores éxitos?

-Nuestros récords, si me permite llamarlos así, son el caso de una empresa de ingeniería a la que se pilló con software por valor de 2,3 millones y el de otra condenada a pagar 1,3 millones.

-¿A dónde va ese dinero?

-Esto es importante: no se lo embolsan los desarrolladores de software sino que sirve para costear los gastos jurídicos de la asociación, que son cuantiosos, y la realización de campañas de concienciación.

-¿Cuál es el perfil de las empresas que delinquen?

-Hemos visto de todo, no importa ni el sector ni el tamaño, si bien es cierto que las grandes corporaciones o las cotizadas en Bolsa tienen prácticas responsables en la materia.

-¿Se trata de un problema de concienciación o del deseo de ahorrarse un dinero evitando el pago de las licencias de unos productos que, como usted sabrá, son fáciles de copiar o de bajar de internet?

-El mito de la carestía del software ya no se sostiene porque, desde la instauración de la "nube", el precio de los programas y aplicaciones ha bajado de forma apreciable. Es, más bien, una cuestión de malos hábitos.

-¿Cuál es su mejor argumento para convencer a un empresario de que pague por el software?

-Si no aprecia la calidad y la seguridad que da el original, al menos que piense en que el pirateo ha dejado de estar impune: puede caerle una sanción de las que escuecen.

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