El titular del Juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo ha obligado al alcalde, Jorge Suárez, a entregar al PP los informes vinculados al servicio de aguas del concejo que hasta ahora le había negado. El magistrado entiende que esta negativa vulnera derechos fundamentales del concejal denunciante, el popular Salvador Fernández.
El edil popular y exalcalde solicitó al gobierno un documento realizado por el interventor el pasado 13 de abril con aclaraciones a otro informe de noviembre de 2013, un documento sobre la propuesta de contratación de un asesor jurídico para la toma de decisiones sobre el abono de las obras ejecutadas por Asturagua de diciembre de 2015, un informe emitido por la empresa Viavetus ingenieros del pasado marzo y suscrito por un ingeniero de caminos y, además, la resolución municipal por la que se le encomienda la dirección de obra de la renovación del saneamiento de la calle La Cuesta, en la capital del concejo.
El Alcalde alegó que, al estar el recurrente, Salvador Fernández, investigado procedía denegar el acceso a la documentación requerida.
En el escrito en el que el Alcalde niega los informes a Salvador Fernández expresa que la documentación solicitada "ha sido entregada a la Unidad de delitos económicos y financieros en el marco de un proceso en los juzgados de lo Penal de Lugo en el que el solicitante está siendo investigado por presuntos delitos relacionados con la concesionaria del agua en el Ayuntamiento". Además, el regidor gozoniego continúa en su escrito que la información solicitada por el concejal del PP es "confidencial por ser objeto en la actualidad del estudio de alternativas municipales para afrontar una reclamación por parte de una persona jurídica concreta y del que habrá de resultar la estrategia jurídica municipal, que no resulta prudente exteriorizar".
Esa última afirmación del Alcalde está relacionada con el proceso de "remunicipalización" del servicio de aguas, que el Ayuntamiento de Gozón inició a principios de mandato y que, a falta de sorpresas, culminará antes de finalizar el año.
El magistrado de lo contencioso-administrativo entiende que esa "confidencialidad" no es tal teniendo en cuenta que el solicitante es un representante político y la documentación requerida forma parte de un expediente administrativo. De ahí, que el juez haya estimado el recurso planteado por Salvador Fernández por vulnerar un derecho fundamental de acceso a la información municipal como concejal de la oposición.
Dado que el regidor gozoniego aludió a la "trama del agua" que investiga la juez María del Pilar de Lara en Lugo para rechazar la documentación a Fernández, el magistrado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo le requirió una providencia. De Lara expone entonces que "no se ha acordado ninguna medida cautelar" con respecto a Fernández, como tampoco "hay secreto de la causa" sobre el mismo caso.
Es más, la titular del juzgado lucense explicó que la causa "se encuentra en trámite de instrucción" y añade que "el procedimiento no resulta afectado en el caso de que el concejal investigado quiera acceder a la documentación solicitada".
