La decisión del Principado de vetar, al menos parcialmente, las excavaciones en el castro de Podes, por el riesgo laboral que podría suponer dada la inestabilidad del acantilado, es un jarro de agua fría para el doctor en Arqueología Alfonso Fanjul Peraza, que en varias ocasiones intentó -sin éxito- conseguir permiso de la administración para intervenir en el yacimiento. "No entendemos como, a diferencia de cualquier otro proyecto arqueológico, en ninguna de las múltiples visitas de técnicos de la Consejería se llamó al director del proyecto para visitar sobre el terreno el yacimiento y poder entender lo que se pretendía realizar", reprocha.

El arqueólogo añade que obtener más permisos de otras instituciones -tal y como plantea el protocolo en el que trabaja la Consejería de Cultura para intervenir en los castros marinos- "es un punto necesario y puede desarrollarse sin ningún problema". Y asegura que la propia Consejería reconoce que el corte del castro donde su equipo pretendía actuar en una primera intervención "es accesible, sin peligro para los investigadores".

Fanjul lleva un año lidiando con la administración ante la que reclama poder intervenir "de emergencia" en el castro de Podes, ya que parte de los materiales se están cayendo al mar, con riesgo irremisible de pérdida. "Un año después el viceconsejero de Cultura se sigue negando a una entrevista con el director del proyecto para buscar una solución", critica el experto en estructuras castreñas. La urgencia que pide el arqueólogo se debe a que los restos óseos prehistóricos están situados a simple vista en el corte accesible desde el sector del castro, y Fanjul pretendía recuperarlos: "Pero después de numerosas visitas técnicas de la Consejería nadie de esta institución se ha hecho cargo de ellos, incumpliendo totalmente sus funciones".

En cuanto al proyecto regional de documentar los castros costeros mediante la recogida aérea de datos a través de drones, para Fanjul no aporta nada al conocimiento de estos yacimientos. "Por varios motivos: los yacimientos ya están catalogados y tienen una protección legislativa donde se incluyen sus límites de protección, y en segundo lugar nuestros castros ya cuentan con una topografía en la que la fotografía aérea poco o nada puede aportar", apunta.

Por último, el arqueólogo zanjó: "Si tenemos además en cuenta que muchos de ellos tienen bosque en su superficie, hace de la foto algo inútil para el hallazgo de nuevas estructuras. Consideramos por lo tanto que este plan 'de drones', del que no se dice su coste, ni los beneficiarios del mismo, no tiene sentido desde el punto de vista científico, más allá de conseguir unas bonitas imágenes costeras y constituir un derroche de dinero público".