La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación presentado por Aqualia contra la sentencia del pasado mes de agosto que rechazaba la reclamación de la empresa al Ayuntamiento de Castrillón de 3,7 millones de euros en concepto de indemnización por desequilibrio económico. "Estamos contentos porque esta sentencia ratifica en todo a la anterior y ganan los vecinos porque no se va a incrementar el recibo del agua", señaló ayer la alcaldesa, Yasmina Triguero (IU).
La empresa reclamó más de 2,2 millones de euros y los intereses legales, como compensación del desequilibrio económico debido al sobrecoste de la compra del agua a terceros, la paralización del plan de inversiones y el rendimiento de la red. Otros 186.000 euros por el coste de la energía eléctrica y 1,2 millones por errores de cuantificación de la facturación en el contrato al producirse un incremento de usuarios menor del esperado. Todo ello entre 2007, cuando se hizo cargo del contrato, y 2013.
"Fueron las auditorías externas que encargamos para estudiar la petición de la empresa las que nos hicieron ver que los números no cuadraban. El recurso de Aqualia fue contra el acuerdo plenario de 30 de abril de 2015 por el que se acordó desestimar la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico", explicó la Alcaldesa. "El juez dice que las inversiones se realizaron y aún quedan otros 5 millones que Aqualia tiene que invertir en mejoras en la red de aguas del concejo y en saneamiento", añadió Triguero.
La Regidora manifestó que la empresa ya está redactando el proyecto para construir un nuevo depósito de agua en Bayas y otras obras. "Los más de cinco millones del total de las inversiones incluidas en el contrato que eran de algo más de ocho millones, se van a destinar a proyectos relacionados con el saneamiento y el abastecimiento de aguas", dijo.
La privatización del agua en Castrillón ha estado rodeada de polémica desde que en 2006 el entonces gobierno local del PP dirigido por José María León Pérez, tomara la decisión de dar a una empresa privada la gestión del servicio. IU recurrió la adjudicación y el juez tardó tres años en emitir el fallo favorable a la coalición. El contrato se volvió a adjudicar a Aqualia.
La empresa, del grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), comenzó a gestionar el servicio municipal de aguas el 1 de enero de 2007, la concesión se adjudicó por 25 años, con un canon de tres millones de euros y una previsión de inversiones de ocho millones.
Aqualia tiene ahora un plazo de 30 días para presentar un recurso de casación "que deberá resolver la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia la infracción de legislación estatal o por la Sala del TSJA si lo es por la legislación autonómica".
