"Hemos ejecutado el mayor porcentaje posible del presupuesto de 2016 dentro de la restricciones que impone el Gobierno central". Así respondió ayer la concejala de Hacienda de Avilés, la socialista Raquel Ruiz, a los reproches del Partido Popular de la ciudad, quien por boca del edil Alfonso Araujo censuró la "incapacidad" del gobierno avilesino para materializar en obras y proyectos todo el dinero presupuestado, además de haber cerrado el año con deudas pendientes de cobro por valor de cientos de miles de euros y viendo como subía el índice de endeudamiento. "Algo falla en la gestión económica del gobierno y la ciudad lo nota", concluyó Araujo.

"El PP de Avilés desconoce la legislación y las consecuencias de las políticas que impone el Gobierno de Rajoy", replicó Ruiz a las palabras de Araujo dando a entender que los populares ignoran que las limitaciones de la regla de gasto impuesta a los ayuntamientos por el Ejecutivo central maniatan a los gobiernos locales en el ejercicio de sus competencias inversoras.

"El Partido Popular de Avilés evidencia un total desconocimiento de las consecuencias que tienen en los ayuntamientos las políticas y restricciones que impone el Gobierno de España. Por ejemplo: los concejales del PP de Avilés quedan en evidencia al no conocer, por lo visto, el contenido de la ley que sus propios compañeros defienden en el Congreso para limitar el techo de gasto a los ayuntamientos", manifestó Raquel Ruiz.

"El presupuesto municipal de Avilés para 2016 se ejecutó en un 87 por ciento, un porcentaje que se encuentra en el nivel máximo que podíamos ejecutar sin superar el techo de gasto que nos impone el Gobierno de España. Haber ejecutado un porcentaje mayor nos habría condenado a un plan económico financiero. Es inadmisible que un concejal de la Corporación no sepa esto, y es más grave aún en este caso porque se trata de un concejal del mismo partido que elaboró la citada ley", añadió la edil de Hacienda.

Raquel Ruiz trae a colación que "los ayuntamientos españoles de todo signo político estamos exigiendo al Gobierno nacional (a través de la Federación Asturiana de Concejos y de la Federación Española de Municipios y Provincias) que flexibilice el techo de gasto para que así pueda destinarse el superávit a gasto corriente, y no solo a amortización de deuda como hasta ahora".

Y otro torpedo verbal dirigido a la línea de flotación del PP: "No podemos olvidar que los ayuntamientos somos la administración que menor endeudamiento acumula del conjunto de la administración pública general. De hecho, las corporaciones locales suman 5.000 millones de superávit estructural y no por incapacidad de gasto precisamente, si no porque la actual ley nos impide superar un gasto determinado aún teniendo capacidad y salud financiera para ello. Esta situación está minorando la capacidad de los ayuntamientos para contribuir a la generación de empleo, para poner en marcha de nuevos programas sociales y para impulsar políticas de crecimiento. El Gobierno central carga sobre los ayuntamientos su incapacidad para mantener una adecuada estabilidad financiera en el país".