La Fiscalía de Asturias solicita la condena cárcel a dos empresarios avilesinos acusados de defraudar a la Agencia Tributaria más de 570.000 euros. La vista oral está señalada mañana, 30 de marzo de 2017, en el Juzgado de lo Penal 1 de Avilés, a las 9.30 horas.
El Ministerio Público pide 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multas por valor de 572.136,84 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante 8 años. Además, las costas procesales y una indemnización de 572.136,84 euros a la Hacienda Pública.
Los dos socios, según relato oficial, crearon una empresa inmobiliaria en los años 2010 y 2011. Esta sociedad es sucesora de una anterior dedicada a la explotación de albañilería.
El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados presentaron ante la Agencia Tributaria en los años 2010 y 2011 las siguientes declaraciones de IVA: una declaración con una cuota resultante a ingresar de 90.513,53 euros, cuando en realidad la cuota debía ser de 277.759,47 euros, ascendiendo la cuantía dejada de ingresar a 187.245,94 euros y, al año siguiente, una declaración con una cuota resultante a ingresar de 41.146,96 euros, cuando en realidad la cuota debía ser de 426.037,86 euros, ascendiendo la cuantía dejada de ingresar a 384.890,90 euros.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública del artículo 305.1 del Código Penal y solicita que se condene a cada uno de los acusados a: por el primer delito, 2 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 187.245,94 euros (con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no pagadas, con un importe de cada cuota de 1.000 euros) y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante 4 años. Por el segundo delito, 2 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 384.890,90 euros (con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no pagadas, con un importe de cada cuota de 1.000 euros) y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante el periodo de cuatro años.
