12 de abril de 2017
12.04.2017

Las educadoras recurren, a 7 días de la huelga, los servicios mínimos

"El PSOE está gestionando este conflicto como el sector duro de la patronal, tendrá que llamarle al orden un juez", advierte Somos

12.04.2017 | 09:48

Las educadoras de las escuelas infantiles de Avilés, que irán a la huelga el día 19 de abril para reclamar una mejora en sus condiciones laborales, han encargado al sindicato USIPA que recurra los servicios mínimos impuestos por el Ayuntamiento. Esta medida se produce apenas con una semana de margen, con lo que lo más probable es que las movilizaciones comiencen sin que haya una resolución judicial sobre este conflicto, según explicó ayer Benjamín Ameigide, de CC OO, quien reafirmó una vez más su apoyo a las trabajadoras.

Los servicios mínimos finalmente fijados para esta huelga obligarán a trabajar a 15 educadoras, más de la mitad de la plantilla: el 65 por ciento de las que están a jornada completa y el 33 por ciento de las que se encuentran a media jornada. Las trabajadoras recurrirán estos servicios mínimos porque los consideran abusivos, una crítica que también hacen varios partidos de la oposición, entre ellos Somos. El concejal Primitivo Abella aseguró que los servicios mínimos, de mantenerse tal y como están planteados, son "un mal precedente".

"El decreto, que firma el concejal de Personal, no justifica la necesidad de estos servicios mínimos y únicamente hace mención a la preconstitucional ley del 77 que regula el derecho a huelga", indicó Abella. Y añadió: "Esta ley no delimitó lo que se entiende por servicios mínimos y fue el Tribunal Constitucional el que estableció la prioridad de la prestación de los denominados servicios esenciales sobre el derecho a huelga". Sin embargo, en el decreto "no hay ninguna justificación de por qué dicta los servicios mínimos que dicta y ni tan siquiera define como esenciales los servicios que prestan las escuelas infantiles".

En su opinión, el decreto que firma el concejal Raúl Marquínez incumple el artículo 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece la obligación de motivar los actos administrativos cuando limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. "El PSOE de Avilés está gestionando este conflicto como el sector duro de la patronal y tendrá que ser un juez el que les llame al orden", sentenció Abella.

Las trabajadoras quieren "acabar con las supresiones de puestos de los finales de curso, agilizar la cobertura de las bajas, garantizar la pareja educativa y en definitiva, mejorar la atención educativa en las escuelas infantiles", según explican. El Principado firmó convenios con los ayuntamientos para la puesta en marcha y mantenimiento de estas escuelas, y con el dinero que aporta, los ayuntamientos contratan al personal.

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