La totalidad de los 34 trabajadores de Montrasa-Maessa despedidos en abril de 2016 al renunciar su empresa a renovar el contrato de prestación de servicios auxiliares que la unía a la fábrica avilesina de Alcoa tienen ya en su poder sentencias judiciales que declaran nulas las rescisiones de contratos de que fueron objeto, lo que teóricamente implica su obligada readmisión en el puesto de trabajo y el pago de los salarios no devengados desde el mismo día de los despidos.
Primero fue un grupo de 16 extrabajadores de Montrasa el que obtuvo un fallo favorable del Juzgado y el pasado viernes se hizo pública una sentencia similar referida a los otros 18 trabajadores. Entre la publicación de la primera y la segunda sentencia, los responsables de Montrasa solicitaron al tribunal una aclaración del fallo, maniobra que entre los trabajadores sonó a "intento de dilación". Ricardo Martínez, portavoz de los despedidos, tiene muy claro lo que dice la sentencia: "Nuestros despidos son nulos; deben readmitirnos en nuestros antiguos puestos. No parece que haya mucho que aclarar sobre este asunto".
Las sentencias anulatorias de los despidos de "los 34 de Montrasa", al margen de que puedan ser recurridas, abren un escenario espinoso: ante un despido nulo, lo que procede es la readmisión de los afectados en su antiguo puesto de trabajo, pero Montrasa no tiene ahora mismo vínculo alguno con Alcoa, en cuya fábrica de San Balandrán trabajaban los despedidos.
"Ese no es nuestro problema, sino en todo caso de Montrasa y de Alcoa", señaló Ricardo Martínez, que se hace eco del sentir mayoritario del colectivo al decir que "estamos a la espera de noticias sobre nuestra reincorporación en la fábrica de Alcoa; es lo único en lo que pensamos".
