La planta de ácido de las baterías de coque de Avilés recuperó ayer la actividad ordinaria después de dos semanas parada como consecuencia de la avería que el pasado 24 de abril generó una nube tóxica que cubrió Avilés y que llevó al Principado a abrir un expediente sancionador a la multinacional Arcelor. Los trabajos para devolver la actividad a la instalación comenzaron durante el fin de semana, con el calentamiento del horno, y la planta comenzó ayer de nuevo a "lavar" de forma satisfactoria los gases para la obtención de ácido sulfúrico, según explicaron fuentes de la compañía.
La coquería avilesina recupera la normalidad tras el incidente ambiental de hace dos semanas, sobre el que disertaron ayer en el chalé de La Granda responsables de la multinacional (entre ellos José Manuel Arias, jefe de división de Arcelor-Mittal en el Suroeste de Europa, y Oswaldo Suárez, director general de la multinacional en España), y representantes de IU. "En vez de echar tanta culpa a los demás, el Gobierno autonómico debe asumir su propia responsabilidad y establecer con la empresa un plan de acción para reducir las emisiones y evitar los incidentes", incidió el portavoz parlamentario de IU en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, que acudió a la cita junto a la eurodiputada Ángela Vallina y el diputado Ovidio Zapico.
Llamazares moduló el tono contra la empresa -"es muy importante para Asturias en términos industriales, de empleo y como empresa tractora"- y pidió que el "proceso de transición" entre el cierre de las baterías de coque de Avilés (previsto para 2019) y la reapertura de las renovadas de Gijón se lleve a cabo "con las mayores garantías". Arcelor sigue a la espera de recibir el visto bueno ambiental al proyecto de puesta a punto de la coquería gijonesa, un permiso que espera recibir "en días o semanas, a más tardar", según trasladó la compañía a IU. Llamazares, que definió la reunión como "necesaria e importante", hizo hincapié en la necesidad de garantizar los estándares laborales y medioambientales y, después de escuchar los planes de inversiones por parte de la multinacional en materia ambiental, pidió que sean realizadas cuanto antes. La multinacional expuso que las inversiones ambientales en las instalaciones asturianas en el periodo 2005-2019 supera los 400 millones de euros.
Para el diputado Llamazares, resulta esencial que Arcelor culmine sus inversiones, "incorpore la cultura ambiental a la cultura industrial de la empresa" y que la comunicación con el Gobierno autonómico sea fluida. "Mejorar la comunicación es cuestión de ambos, y está claro que no han estado muy afortunados en los últimos tiempos; por eso los ciudadanos tienen un cierto nivel de inquietud", concluyó.
