El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés cada vez dedica más recursos a las convocatorias de subvenciones destinadas a ayudar al pago de la vivienda (alquiler o hipoteca) y los consumos energéticos. Así lo indicó ayer la concejala de Bienestar Social, Yolanda Alonso, quien explicó que este ha sido el objetivo que se marcó en los últimos años el Ayuntamiento para "normalizar las situaciones de dificultad de las personas". Por contra, cada vez son menos las personas que solicitan ayudas de emergencia y más las que entran en las convocatorias ordinarias que gestiona la Fundación San Martín. Entre unas y otras ayudas, en 2016 se beneficiaron 2.500 familias con un millón de euros de gasto.

"El punto de inflexión fue el año 2013, cuando se destinaron más de 700.000 euros sólo a ayudas de emergencia. Eso es muchísimo dinero y coincidía también con el mayor retraso del Salario Social. Desde entonces ya no hemos tenido esa necesidad de apoyar a la gente durante periodos de tiempo de un año o más, y eso nos ha permitido derivar dinero a los recursos normalizados de la Fundación San Martín", explicó Yolanda Alonso.

El director del área de Promoción Social, Marco Luengo, añadió: "Curiosamente, en el cómputo global ahora gastamos más dinero que en 2013, cuando la emergencia era mucho mayor. Ahora se sale de la exclusión, pero no de la pobreza. Las condiciones laborales hacen que muchísima gente acuda a las convocatorias de garantía energética, de vivienda..."

Precisamente, el gobierno avilesino llevará hoy al Pleno municipal una ordenanza para regular las prestaciones económicas de emergencia del Ayuntamiento que supondrá "un paso más en la garantía de derechos sociales para toda la ciudadanía y en la transparencia en las ayudas que gestionan los servicios sociales municipales".

Marco Luengo hizo hincapié en la dificultad técnica de conjugar la rigurosidad jurídica, la transparencia y los criterios objetivos con la agilidad en la tramitación y la flexibilidad para adaptarse a una amplia casuística de situaciones. "Tratamos de mantener la objetividad y la rigurosidad pero dando pie a que los criterios profesionales permitan, cuando sea necesario, excepcionar los criterios objetivos, sin saltarnos la ley". Además, el objetivo es no retrasar la ágil tramitación de estas ayudas, que se resuelven en 10 días de media frente a los 40 días de media regional.

"Avilés siempre ha sido un ejemplo en las políticas sociales y esta ordenanza viene a dar un paso más en este sentido. Cualquier persona en un momento de su vida puede necesitar acudir a los servicios sociales sin formar parte necesariamente de un colectivo de riesgo o estar en situación de vulnerabilidad, sino porque simplemente tenga que afrontar una situación sobrevenida y necesite apoyo económico", indicó Yolanda Alonso.

La ordenanza permitirá, además, aprovechando la ley de procedimiento administrativo, ahorrarle a los usuarios mucha tramitación, accediendo directamente a la documentación necesaria. "Creo que podremos ayudar a más gente. Hay muchas personas que todavía no saben que tienen este recurso, mismamente para poder pagar el título de 2º de Bachiller y la matrícula de la prueba de acceso a la Universidad, que cuesta 190 euros", añadió la concejala. Esta ordenanza ha recibido aportaciones de todos los grupos municipales en busca del máximo consenso.