Usuarios de trenes de todo el país tienen claro que este servicio tiene que ser "público, seguro y sostenible". Los adjetivos los puso ayer el asturleonés José Luis Ordóñez, que fue elegido portavoz nacional de la Coordinadora Estatal en favor del Ferrocarril en la sala de conferencias de la Casa de Cultura. Esta organización está formada con los cimientos puestos sobre asociaciones de vecinos y organizaciones ecologistas, sindicales y políticas, y echó a andar ayer en Avilés. "La anterior Coordinadora se había formado en Valencia en 2004, pero quedó dormida hasta ahora", reconoció Ordóñez. Una de las apuestas principales del nuevo colectivo "es rebajar el transporte por carretera", dijo. Y eso se hace "universalizando la electrificación de los trenes por medio de fuentes de energía eminentemente renovables".

Hay dos razones que explican el despertar de la nueva organización ciudadana. Una de ellas es, según destacó la eurodiputada avilesina de Podemos, Tania González, "la que se nos viene encima: una privatización general del transporte por ferrocarril". En diciembre pasado, el Parlamento Europeo aprobó la puesta en marcha del "cuarto paquete de medidas" destinado a liberalizar el sector. "Pero es un error tal cual está formulado: sigue los pasos de Margaret Thatcher en los ochenta, un proyecto fallido porque ahora el estado tiene que renacionalizar líneas que no eran económicamente factibles", apuntó González.

La segunda razón de este despertar es que "a finales de este año hay que renovar las obligaciones de uso público del ferrocarril", apostilló Ordóñez. Estas "obligaciones" se renuevan cada cuatro años -la última fue en 2013- y resumen, según dijo el nuevo portavoz de la coordinadora estatal, la apuesta estatal por el servicio. "Lo que hemos acordado es una serie de movilizaciones enfocadas a influir sobre estas obligaciones. Por el momento, las haremos descentralizadas, es decir, cada delegación organizará las propias. Si logramos una masa social suficiente nos concentraremos en Madrid", destacó Ordóñez. La pretensión primera es que el servicio ferroviario siga siendo público y tenga carácter básico. "El transporte público debe tener la misma importancia que la sanidad, la educación o la vivienda. En transporte público nos trasladamos al trabajo, al médico...", apuntó.

Una estación por comarca

La nueva Coordinadora nace con efectivos llegados de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Cantabria y la Comunidad Valenciana. La intención es triple: "Conseguir un ferrocarril favorable al cambio climático, verdaderamente público y seguro". Ordóñez apuntó que estas peticiones de la nueva Coordinadora no son extraordinarias. "Hay un reglamento de la Unión Europea que se encamina hacia la unificación de las vías de tren. Ya no valen las de pasajeros y las de mercancías. Este reglamento es ley en cada uno de los estados miembros. Si el Gobierno invoca la ley para unas cosas lo tiene que hacer también para otras", recalcó el portavoz de la agrupación. "Sin embargo, eso no es lo verdaderamente importante. No puede haber una estación en cada aldea, pero sí tiene que haber una por comarca", añadió. Esta medida, reconoció el portavoz, choca con la liberalización del mercado del ferrocarril. "Cuando una línea no sea rentable, que se cierre y ya está", indicó. "El tren es un servicio público", añadió.

La privatización del servicio de ferrocarril lleva años en la agenda de la Unión Europea. "En España lo que se ha hecho es crear una empresa que gestione las infraestructuras y otra, los servicios", subrayó González. "Lo que buscamos es que todo sea gestionado por una misma empresa, es decir, volver a la situación anterior. Eso es lo que se está discutiendo en Alemania", explicó el portavoz de la nueva organización. "Los partidos de la Izquierda Unitaria, los verdes y los socialdemócratas europeos somos partidarios del uso público del servicio. Nos apoyaron, incluso, los laboralistas, que saben qué hizo Thatcher con algo primordial", cerró la eurodiputada de Podemos.