El fiscal Alejandro Cabaleiro ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 4 de Avilés en el que se opone a las alegaciones presentadas por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Corvera, Enrique Bueno, y el secretario municipal Ramón Menéndez Chaves, respecto al auto que abre el juicio oral por la negociaciones del convenio de Quintanas de Chacón y la votación del Plan General de Ordenación Urbana del concejo, en el que se les investiga un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y además uno de cohecho sobre el exedil. En un primer momento, el exconcejal de Izquierda Unida afirmó que recurriría la apertura del proceso, pero finalmente se adhirió a las alegaciones que sí presentó el secretario municipal.

"Lo importante en este momento procesal es que existen indicios que deben de ser objeto de prueba, y por ello la Fiscalía se opone al recurso interpuesto e interesa su íntegra desestimación", concluye el texto de la Fiscalía. En opinión del fiscal, que el objeto del auto es valorar si existen esos indicios que permitan seguir adelante con la actuación judicial, y que es en ese juicio en el que se decide si las pruebas son válidas o no, por lo que desmonta las alegaciones de los dos investigados.

Por un lado, la Fiscalía defiende que el primer motivo esgrimido por los recurrentes, el de que hay "una incongruencia con anteriores pronunciamientos del mismo juzgado" no es motivo de recurso, ya que, precisamente, esas resoluciones dictadas, fueron "objeto de revocación parcial en sede de un recurso de apelación". El fiscal va más allá y explica que este motivo de alegación es en relación a un delito de prevaricación, por el que la Fiscalía no ha formulado una acusación, por lo que "no logra entenderse el por qué se alega respecto del mismo y su importancia".

Los procesados también alegaron que una de las pruebas testimoniales respecto a la redacción del PGOU, no añade nada a una anterior e incluso lleva a error. "Esta diligencia sí que aporta un hecho importante para el presente procedimiento, debiendo ser explicada en las sesiones de juicio oral", señala el fiscal en su escrito.

También se recurrió la apertura del juicio oral apoyándose en el PGOU de Corvera no ha sido objeto de recurso y se ha aprobado conforme a la normativa reguladora. La Fiscalía dice no entender "la trascendencia de tal cuestión", pero con todo, hace varias matizaciones, entre ellas que a Chaves "no se le acusa de un delito de prevaricación, sino de negociaciones prohibidas a título de autoría por cooperación necesaria".

Además, el fiscal recuerda que "la querella supone un trámite inicial que da origen al presente procedimiento", por tanto "lo importante de la misma no es la calificación que pueda a deba efectuar el querellante, sino los hechos", por lo que tampoco acepta la alegación respecto a que no se había "individualizado el tipo" de negociaciones prohibidas.