El consorcio para abrir un albergue de animales en la comarca tiene pretendientes de otros puntos de Asturias. Así que, de caerse alguno de los municipios previstos, habría recambio. Uno de los que han solicitado información acerca del proyecto es Llanera, que ve con buenos ojos la apertura de una perrera de esas características por los problemas que tienen las administraciones locales para prestar ese servicio, sobre todo, por su alto coste. Según ha podido saber este periódico, otros cuatro concejos cercanos a la comarca también han mostrado su interés por entrar a formar parte de ese organismo. Eso sí, el consorcio está pensado para dar servicio a una población de entre 150.000 y 180.000 habitantes, por lo que en él tendrán cabida entre ocho y doce concejos, en función de su tamaño.
Por el momento, de los seis ayuntamientos que suscribieron los estatutos del consorcio, ya le han dado el visto bueno plenario Avilés, Soto del Barco, Muros de Nalón e Illas. Quedan pendientes Castrillón y Carreño. Ambos tienen previsto celebrar ese debate este mes de septiembre. Donde más polémica hay es en Castrillón. La Corporación pospuso su decisión el jueves debido a las dudas del PSOE, cuyo voto es decisivo, ya no tanto por rechazar el consorcio sino por las críticas de un grupo de vecinos de Santiago del Monte a que la perrera se construya en una finca de su parroquia.
Gozón y Pravia también se adherirán al consorcio una vez superen el plan económico-financiero que les impide sumarse ahora, mientras que Corvera tiene previsto llevar a Pleno los estatutos también este mes. Pendiente queda San Martín del Rey Aurelio, del que no tienen noticias el resto de ayuntamientos.
Así las cosas, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, confió ayer en que en octubre se pueda constituir el consorcio para "ponerse a trabajar". Los socios, entre otros asuntos, tendrán que determinar quién gestiona esa instalación -con toda probabilidad será la empresa pública Tragsa, que también se haría cargo de las obras- y deberán elaborar los pliegos de condiciones para licitar la parcela en la que se ubicará el edificio, un punto que a buen seguro traerá polémica. La idea de los ayuntamientos es que la instalación pueda estar disponible a finales de 2018. El coste rondará los 270.000 euros.
Avilés es el concejo que más porcentaje tiene en ese consorcio, el 59 por ciento. Castrillón, de entrar finalmente, el 18 por ciento. Respecto al conflicto castrillonense, el Partido Popular, contrario al consorcio, se mostró convencido de que la decisión de retirar el orden del día la aprobación de los estatutos no es más que una "artimaña" del PSOE para "ganar tiempo" y aprobar el consorcio y, al mismo tiempo, "tratar de salvar la cara ante los vecinos". Por su parte, el PSOE, por boca de su portavoz, Jesús Ángel Cabrales, mostró su compromiso con el proyecto. Pero afirma que "no puede nacer con trabas vecinales y viciado desde su origen".
"El paso de solicitar la retirada del orden del día demuestra una voluntad clara de diálogo del PSOE de Castrillón. Se toma ante la inactividad del gobierno de IU, que no dio las explicaciones adecuadas a los vecinos y ni si quiera de dirigió a la oposición con este tema. Ahora tienen la oportunidad de reconducir la situación ratificando públicamente la licitación de la finca y el apoyo rotundo a la solicitud de las familias para la recuperación de sus familiares enterrados en La Lloba", concluyó Cabrales.
