17 de octubre de 2017
17.10.2017

Hacienda detectó 84.000 apuntes de venta de pescado que la rula de Avilés no pudo documentar

El inspector de la Agencia Tributaria admite la "complejidad" que entraña descifrar la operativa de la lonja pero ratifica sus conclusiones: hubo fraude y la entidad tenía una operativa para encubrirlo

17.10.2017 | 14:31
Una subasta de pescado en la rula avilesina.

La Agencia Tributaria detectó 84.000 línea de venta de pescado (equivalentes como mínimo a otras tantas transacciones) realizadas en la rula de Avilés entre los años 2009 y 2011 y que no tuvieron su correspondiente reflejo en la facturación ni constan en la contabilidad. Esto es, al menos, lo que sostuvo ayer en el juicio que se sigue contra trece consejeros y exconsejeros de la lonja avilesina el inspector de Hacienda Eduardo Flórez Gómez-Lacazette, que se ratificó en sede judicial en las conclusiones que en su día llevaron a la firma de un acta de conformidad por fraude fiscal y la imposición de una sanción de 1,2 millones de euros a la sociedad Nueva Rula de Avilés. Tanto el supuesto fraude como la ausencia de depuración de responsabilidades al respecto como la aceptación de la multa millonaria es lo que ha llevado a la cofradía de pescadores "Virgen de las Mareas", accionista de la rula de Avilés con un tercio del capital, a ejercitar la acción de responsabilidad social ya exigir a los demandados la restitución del daño económico causado con su presunta conducta "negligente".

La defensa de los demandados interrogó al inspector de Hacienda largo y tendido en busca de contradicciones, incoherencias o puntos débiles en el argumentario de la autoridad fiscal que abocó a la rula al pago de una multa millonaria. El técnico de la Agencia Tributaria llegó a admitir la "gran complejidad" que entraña tratar de descifrar la operativa de la lonja pesquera dadas las características de su actividad y los diferentes formatos de venta que pueden darse, pero insistió en todo momento en su convencimiento de que "hubo fraude", cifrado en concreto en la presunta ocultación de ventas por importe de unos 10 millones de euros.

Eduardo Flórez Gómez-Lacazette concretó el modus operandi de los gestores de la rula en el borrado de operaciones de venta, en la realización de anotaciones duplicadas y en otras prácticas fuera de la ley, casi todas relacionadas con la comercialización de las capturas de xarda, un pescado de primavera que llega a puerto en grandes cantidades y que se suele vender fuera de la cancha de subasta según una técnica que en la jerga pesquera se conoce como "agrupación de barcos". El inspector fiscal admitió que la discrepancia de criterios con los rectores de la rula fue "grande" y persistente en el tiempo, así como la presentación de "al menos 17 diligencias" que trataban de probar la limpieza del procedimiento contable de la lonja. Si bien la Agencia Tributaria aceptó algunas explicaciones, rechazó otras y acabo por concluir la comisión de fraude. Llegados a ese punto, Hacienda ofreció a Nueva Rula de Avilés dos alternativas: firmar un acta de conformidad (la finalmente aceptada) o defender sus argumentos ante un juez por vía penal.

La defensa de los demandados llamó como testigos a tres peritos: el asesor fiscal contratado por Nueva Rula de Avilés para reconducir la inspección fiscal de que fue objeto la entidad, el director de la empresa suministradora del software usado para la gestión de las ventas de pescado y un socio de la empresa de auditoría que supervisa cada año las cuentas de la rula. Sus testimonios incidieron, según los casos, en la correcta gestión contable de las ventas de la lonja avilesina, en la "imposibilidad" de alterar informáticamente las cifras de comercialización de pescado y en la adaptación de las cuentas anuales de la entidad a todos los parámetros legales exigibles.

En las conclusiones, cada parte se ratificó en sus postulados iniciales: para la cofradía de pescadores es exigible una responsabilidad social patrimonial por el quebranto causado a Nueva Rula de Avilés ya sea por la comisión de fraude o por la aceptación de que lo hubo sin ser cierto tal extremo; para la defensa de los demandados nada ha quedado probado en el juicio, por lo que procede la absolución. La magistrada Covadonga Medina Colunga, del Mercantil de Oviedo con sede en Gijón, debe ser ahora la que dicte sentencia.

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