La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un acusado de levantar una edificación ilegal en Antromero, Gozón. Además de penas de prisión y multa, el Ministerio Fiscal solicita que proceda a demoler la construcción para dejar la finca tal y como estaba antes de las obras. El juicio se celebrará mañana en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés.
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado era propietario de una parcela en Antromero, Gozón, clasificada, por el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de Gozón, como suelo no urbanizable con la calificación de Costas, hallándose dentro del ámbito del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA).
El caso se remonta al 9 de diciembre de 2011, cuando el acusado solicitó al Ayuntamiento de Gozón una licencia de cierre de su finca. Se la concedieron el 18 de enero de 2012 con una serie de condiciones relativas a la altura máxima, materiales a emplear y distancias respecto de la vía o camino público.
La Fiscalía sostiene que el acusado, pese a tener conocimiento de todo esto, "procedió a cerrar su parcela entre los años 2013 y 2015 sin observar la mitad de las condiciones impuestas y realizó, a sabiendas de su ilegalidad y sin contar con ningún tipo de licencia, una construcción con destino a fines residenciales".
La construcción, detalla el Ministerio Público, tiene cubierta a dos aguas de teja, una puerta principal de doble hoja y ventanas que dotan de luz y ventilación a la edificación y hasta un porche con mobiliario. También dispone de elementos decorativos y, como anexo, una barbacoa, una construcción con destino a caseta de aperos, una solera de hormigón y asfaltado de parte de la parcela, según la misma versión. El Ministerio Público sostiene que "todas las obras y construcciones son ilegalizables dada la calificación urbanística del suelo en que se encuentra la parcela".
La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito contra la ordenación del territorio y solicita que se condene al acusado a dos años de prisión, multa de 6.480 euros e inhabilitación especial para ejercer profesión u oficio relacionado con la promoción o construcción de edificaciones durante dos años. Además, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado proceda a la demolición de las obras y construcciones ilegalizables y a la "reposición de la realidad física alterada".
