La Cofradía de Pescadores "Virgen de las Mareas" defendió ayer ante un juez que los marineros jubilados dejan de tener derecho de residencia en las viviendas del Nodo un barrio construido a mediados del siglo XX por el Instituto Social de la Marina para proporcionar hogar a las gentes de la mar. Ocurrió en el segundo juicio señalado a raíz de la voluntad de la cofradía, propietaria del Poblado de Pescadores, de resolver una treintena de contratos a otros tantos arrendatarios. El primer juicio, fijado para la semana pasada, no llegó a celebrarse por un acta dudosa de la cofradía que está analizando el juez Ricardo Badás.

El titular del juzgado número 6, en cambio, rechazó suspender la vista de ayer, como pedía el abogado de los vecinos del Nodo amenazados de desahucio, Manuel Barba. La tensión entre la entidad y sus socios se palpó de nuevo en el ambiente: "¿Ahora te nombraron patrón a ti? ¿Dónde tienes la embarcación? Éste no es más que el del gasóil", espetó a la salida del juicio el demandado, José Manuel Viña Álvarez, al nuevo patrón mayor de "Virgen de las Mareas", Tomás Badiola.

Dentro de la sala, el representante legal de la cofradía, Miguel Ángel Palacios, defendió que "quien se jubila pierde la condición de miembro activo de una cofradía" y, por tanto, deja de tener derechos, en este caso sobre el arrendamiento de las viviendas del Nodo. El letrado echó mano de una sentencia del Tribunal Supremo de 2009 que recoge que la jubilación hace perder la condición de socio activo de una cofradía de pescadores. "Quien no abona la cuota de socio a la cofradía no tiene ninguno de los derechos que permiten acceder al arrendamiento", aseveró.

Manuel Barba, representante legal de los vecinos demandados, sostiene en cambio que el reglamento interior de la Cofradía "Virgen de las Mareas" recoge la figura de socio jubilado. Además, añadió, ese patrimonio "está a disposición de los socios, y por tanto tienen derecho a mantener los contratos". "No estamos ante un arrendamiento al uso entre particulares, si no que estamos hablando de un patrimonio cedido a la cofradía por y para sus socios y de un contrato de arrendamiento sujeto a condiciones especiales. José Manuel Viña era y es socio de la cofradía; era pescador en activo cuando la arrendó", apuntó Barba.

El letrado incidió en que no hay pruebas de que haya habido negociación alguna sobre el pago de la renta entre su representado y la entidad: "Mandaron 30 burofax de rescisión de los contratos de arrendamiento". "He aportado actas del cabildo, circulares en las que se habla de socio jubilado. Incluso en los propios certificados que hoy (por ayer) traslado, se viene a reconocer que es un colectivo privilegiado. Habrá que esperar a la sentencia, pero si se estima recurriré en apelación", apuntó Barba tras la vista. El letrado de la cofradía rehusó hacer declaración alguna a los medios de comunicación.