"Me ha destrozado la vida, sólo quiero que esto termine", aseguró ayer la reponedora del centro comercial de La Carriona que ha denunciado a su exjefe por abuso sexual tras el aplazamiento del juicio al 18 de abril por una anomalía en el procedimiento. La víctima, según la Fiscalía, se encuentra en tratamiento por depresión desde que, en febrero de 2015, el acusado la besara y manoseara en un almacén. El último parte médico, fechado el 8 de enero, fue el argumento del abogado defensor, Ángel Luis Bernal, para lograr el aplazamiento, al explicar que no había tenido tiempo para analizarlo.

"Sigo confiando en la Justicia, yo voy con la verdad por delante. Lo único que quiero es que me deje en paz. Llevo tres años sufriendo y puedo esperar tres meses más. Lo único que quiero es que me deje en paz", expuso la mujer, tras la vista. No será antes de abril cuando se vean las caras otra vez en los tribunales. El 22 de febrero se juzgará el quebrantamiento de una orden de alejamiento de 50 metros, emitida por el juzgado número 5 de Avilés. Según la abogada de la reponedora, Ana María González, "su exjefe la persiguió por la calle". Esto habría sucedido después de lo supuestamente acontecido el 5 de febrero de 2015, cuando M. A. S. G. la agarró por detrás, diciéndole "mira cómo me pones". Después, según la Fiscalía, la besó y le manoseo un pecho, al tiempo que intentó bajarle los pantalones.

También está pendiente de fijarse la fecha para otro juicio por las amenazas que supuestamente el varón vertió contra la mujer. Según ha podido saber este periódico, la trabajadora tuvo que abandonar su trabajo en el híper y logró un empleo en una superficie comercial de menor tamaño. "Se personó allí en estado ebrio y me dijo de todo", aseguró la víctima.

En el juicio de ayer, la defensa iba a solicitar la inocencia del acusado. Para ello, presentó a nueve testigos, varios de ellos compañeros de trabajo. La Fiscalía pide tres años de cárcel por un delito de agresión sexual. Tras la denuncia de la víctima en el centro comercial donde ambos trabajaban, se puso en marcha una investigación, donde se dictaminó el despido del acusado por esos hechos. Los pormenores de esas pesquisas, detalladas en un CD, así como una declaración por videoconferencia de las responsables de la investigación son las otras pruebas de la Fiscalía.

Pruebas que el abogado defensor pidió que no se tuvieran en cuentan, sin obtener esta vez el visto bueno del juez. A las pruebas de la Fiscalía se añade el testimonio de la víctima, de vital importancia en los delitos que atentan contra la libertad sexual. "Es una prueba valiosa porque en sus declaraciones no hay ni una sola contradicción", indicó su abogada. También cuatro informes psicológicos y psiquiátricos que acreditarían la depresión y el posterior tratamiento de la víctima, tras lo sucedido en febrero de 2015.

Entre esos informes está el parte que provocó el aplazamiento a abril. El documento, de apenas un folio y medio de extensión, iba a formar parte de la declaración de la psicóloga de Centro de atención a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos de Asturias (CAVASYM). Elaborado el 8 de enero, llegó a manos de la defensa ayer. El juez lo facilitó al abogado, pero tras dejar un tiempo para que lo estudiara, prefirió aplazar la causa, para evitar un juicio nulo. La Fiscalía pide tres años de cárcel, 5.000 euros de indemnización, 5.040 euros de multa, una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima durante cinco años por ningún medio, por un delito de agresión sexual y otro de abusos.