"Podremos seguir trabajando otro año y medio, pero seguimos pendientes de lo que más tememos: que nos desalojen". Así resumió ayer Alicia Nuevo el estado anímico de la treintena de trabajadores del economato de Llaranes, pendientes de un recurso judicial que evite sus despidos cuando una nueva cadena de alimentación se haga con el negocio. Acompañados por cerca de doscientos vecinos del barrio, la plantilla contó también con el apoyo de la alcaldesa, Mariví Monteserín: "La única solución posible es que la nueva empresa subrogue a todos los trabajadores".
La comitiva extendió primero frente al supermercado su pancarta contra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que según los trabajadores es la que debe "sentarse a negociar" una solución. Escoltados por un coche policial, el grupo marchó después hasta la plaza Mayor del barrio, donde está ubicada la sede de Cofivacasa, la sociedad que gestiona los inmuebles de la antigua Ensidesa y, entre ellos, el economato. "Lo único que pedimos es seguir trabajando. Mejor si es con nuestra empresa pero, si no puede ser, pedimos que la nueva nos contrate. Es lo que los vecinos también solicitan", aseguró Nuevo. "Ahora hay un poco más de esperanza. Hasta hace dos semanas teníamos una sentencia de desalojo para el 13 de marzo. Hace unos días, el juez la frenó hasta que se solucione el recurso que hemos presentado. Podremos seguir trabajando cosa de año y medio, pero seguimos temiendo que nos acaben echando. El problema solo se ha aplazado", añadió.
El contrato de alquiler actual del economato terminó en 2015 y se prorrogó varios meses, hasta que la propietaria aceptó la oferta de otra empresa. "La nuestra ya sabemos que no nos puede recolocar. Si el SEPI no actúa nos vamos a la calle", lamentó Nuevo.
