El Ayuntamiento de Gozón tendrá que asumir una operación de crédito cercana a los 250.000 euros para afrontar el pago de una expropiación del año 2007, obligado por una sentencia judicial del Contencioso Administrativo nº 1 de Oviedo.
La cantidad a pagar proviene de un expediente de expropiación forzosa en el que se valoró el suelo de la finca, en la salida de Luanco hacia Bañugues, detrás del cuartel de la Guardia Civil, en 55,17 euros el metro, con una valoración total de 163.126,65 euros. En 2014, el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias valoró el suelo en 128,50 euros el metro, con un valor total de 379.948,80 euros y 206.498 como resto de justiprecio pendiente. Cantidad a la que hay que añadir los correspondientes intereses de demora.
La junta de compensación estaba formada en el momento de la expropiación únicamente por Hormasprom S. A., una sociedad que presentó sus cuentas en el Rregistro de la Propiedad por última vez en 2008, de la que no se tienen noticias y que tiene ocho hipotecas sobre sus propiedades. Ante la reclamación del anterior propietario, FBI Torsan S. L., el Contencioso ha declarado al Ayuntamiento gozoniego como responsable subsidiario, por lo que deberá afrontar el pago, al que hay que añadir las costas, 1.500 euros.
El gobierno municipal se encuentra, así, con una deuda con la que no contaba y ante la que poco tiene que hacer a pesar de poder recurrir. La jurisprudencia existente y los informes técnicos aconsejan no seguir adelante con procesos judiciales que sólo demorarían el pago e incrementarían los intereses de demora y, posiblemente, las costas.
"Me parece injusto que tengamos que hacer frente a pura especulación urbanística", clama el alcalde de Gozón, Jorge Suárez. El regidor no está dispuesto a demorar más la hora de afrontar el problema y dejarlo a sus sucesores y, además, dice que "no estoy por la labor de aumentar la carga a los ciudadanos, un político no puede hacer eso".
El objetivo del Ayuntamiento es "intentar recuperar algo de la operación", ya que se podría quedar sin dinero y sin finca.
El primer paso es investigar en el registro para intentar localizar a Hormasprom para que haga frente al pago del justiprecio. Pero se antoja una misión bastante complicada.
