Juan Cuesta encabezó la lista de Ciudadanos en las elecciones municipales de mayo de 2015. Casi un año más tarde, en marzo de 2016, su partido le expulsó por llamar "puta vaga" a su compañera, Carmen Pérez Soberón, en un chat de Whatsapp. Quince días después de aquella sanción, el concejal anunció que dejaría de acudir al Ayuntamiento aunque mantendría su acta, sin percibir dinero a cambio. Fue el primer cambio en la correlación de fuerzas que los avilesinos eligieron para el Consistorio. Hace apenas dos semanas se produjo el segundo. Alfonso Araujo, Constantino Álvarez y Francisco Zarracina se convirtieron en tránsfugas al abandonar el PP conservando su asiento. Es decir, cuatro de los 25 concejales ya no representan a la formación por la que fueron votados por los electores.
Cuesta, a diferencia de Araujo, Álvarez y Zarracina, no pidió despacho o secretaria. Tampoco acepta las dietas que el Ayuntamiento le abona todos los años -las devuelve mediante transferencia-. Su decisión de no abandonar el asiento que obtuvo por ir en la lista de Ciudadanos sólo tiene una repercusión efectiva: impide que la mitad de los 3.147 avilesinos -el 7,71 por ciento los escrutinios totales- que confiaron en la lista naranja tengan la representatividad que sumaron cuando introdujeron su papeleta en las urnas. Es decir, su decisión de no trabajar en el Ayuntamiento deja a 1.574 personas sin voz en los plenos municipales. Con lo que eso supone en términos democráticos.
El voto de Cuesta habría sido decisivo en varias votaciones a lo largo de este mandato. Mucho más lo será a partir de ahora el de los tres tránsfugas del PP. El nuevo reparto de fuerzas puede tener consecuencias directas en la aprobación de proyectos y, por lo tanto, en la vida de los avilesinos.
