El fiscal de delitos tecnológicos de la provincia de Málaga pide 172 años de cárcel al castrillonense R. D. V. como presunto autor de 41 delitos de coacciones a menores, 41 más de corrupción, un delito de producción de pornografía infantil y uno de descubrimiento y revelación de secretos. La vista contra el asturiano se celebrará en el juzgado de Antequera, que es la localidad en la que el natural de Piedras Blancas reside en la actualidad.

Según el relato oficial, el acusado se hizo pasar en las redes sociales presuntamente por una joven de 20 años con estudios en Psicología y Sexología. Con este perfil falso se internó, sobre todo, en Tuenti. El mensaje que utilizaba para ganarse la confianza de las niñas, según se recoge en el escrito de acusación, es: "Ola me llamo Noelia y me dedico a dar consejos... tanto sobre dudas de chicos, de amor o de todo tipo :) tienes alguna duda o algún problema q necesites consejo para resolver...:)" (sic).

Tras establecer contacto con las menores, siempre según el relato oficial, conversaba con ellas y las incitaba y las enseñaba "a masturbarse". Además les pedía fotos de sus genitales y, a cambio, él (con el perfil "de una menor con cara muy simpática y atractiva y de unos caballos, lo que daba apariencia de no esconder nada malicioso" también les enviaba fotos de genitales femeninos.

"Así, sobre las 21.00 horas del 27 de septiembre de 2013", el asturiano estableció contacto con una niña de 14 años, entonces, a través de una aplicación de móvil de Tuenti. Según la fiscalía de Málaga, la amenazó: o le enviaba fotos íntimas o "comunicaría la conversación subida de tono que habían mantenido, a todas sus amigas del Tuenti, conversación de la que ella se avergonzaba". La niña accedió a la amenaza. Posteriormente, se arrepintió y habló con sus padres, que fueron los que se pusieron la denuncia.

La Guardia Civil dio con él por teléfono, se resistió a identificarse, pero al final dio su nombre. Según la calificación de la fiscalía, primero dijo que era de Avilés y que tenía 16 años cuando "en realidad tenía 22 y vivía en Piedras Blancas".

Se da la circunstancia de que el acusado, según relata la fiscalía, había accedido a Tuenti por medio de una cuenta de correo electrónico que había usurpado "tras emplear mecanismos informáticos de acceso ilícito". Según el relato oficial, el castrillonense actuó de esta manera "con la finalidad de evitar ser descubierto".

Su gran perversión y amplitud de acción generó una operación de la Guardia Civil

Los agentes investigaron la cuenta del joven de Piedras Blancas y de allí sacaron que no sólo había coaccionado a la niña de 14 años. A partir de ahí la Guardia Civil inició la operación "Molling".

La forma de actuar del asturiano siempre era idéntica: se ganaba su confianza, establecía contacto, mantenía conversaciones sobre sexo donde, según el fiscal andaluz, "las incitaba a masturbarse, depilarse y otras acciones; para posteriormente coaccionarlas para que les remitieran fotos de su vagina o pecho o se exhibieran ante la cámara web con las que las grababa".

El asturiano presuntamente coaccionó a 41 niñas de edades comprendidas entre 10 y 15 años.

El 22 de octubre de 2013, la Guardia Civil registró la casa del castrillonensea Guardia Civil registró la casa del castrillonense. Allí le intervinieron un disco duro, un teléfono móvil, un cargador. Tras el análisis del móvil, los agentes constataron fotos y vídeos en los que aparecen niñas "en poses sugerentes o actitudes sexuales y en ocasiones, desnudas", según señala el fiscal andaluz en el escrito de acusación. Entre esas fotos hay dos de dos mayores de 16 años que, según el fiscal, "fueron enviadas voluntariamente".

Por todo esto, concluye la fiscalía, "procede imponer al acusado" la pena de tres años de prisión por cada uno de los 41 delitos de coacciones a menores; uno por cada uno de los delitos de corrupción de menores; cinco, por cada el delito de producción de pornografía infantil y tres por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. La suma de todos ellos da 172 años de prisión.

El fiscal de Málaga aclara que "por aplicación de lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal, la pena a imponer no puede superar el triple de la mayor de las penas en las que haya incurrido, debiendo fijarse como límite los 15 años de prisión". Tras su salida, el Ministerio Público, pide una condena de 10 años "de libertad vigilada". Esto significa que el asturiano, si termina siendo declarado culpable, debería presentarse de forma periódica ante el juez, comunicar cambios de su domicilio, no viajar sin permiso del juez, no acercarse a las víctimas, no acudir a acontecimientos donde haya menores y someterse a programas de educación sexual.

Aparte de todo esto, el fiscal reclama que el acusado abone 2.000 euros a cada uno de las 41 víctimas.