Mieres del Camino, A. V.
Nuevo capítulo en el contencioso que mantienen la dirección regional de PP de Asturias y la revocada junta directiva de Mieres. Los concejales populares mierenses -a excepción de Luis Miguel Berandón, afín a la dirección regional- recibieron ayer las propuestas de sanción remitidas por el comité de derechos y garantías regional, que pide dos años de suspensión de militancia en el partido para cinco de los concejales y cuatro para el ex secretario general Elías Álvarez, para el que ya se habían solicitado otros dieciséis años de inhabilitación o la expulsión del partido.
Fue el propio Álvarez el que explicó que los seis concejales díscolos habían recibido ayer las notificaciones de la decisión tomada por el comité de derechos, si bien consideran que solamente cuatro de ellas son válidas ya que las correspondientes a José Juan García y Ana Cidón «venían con apellidos y datos erróneos, por lo que las hemos devuelto, para que, si quieren, las envíen de nuevo como las tienen que enviar». El concejal mierense criticó además la forma de la notificación, de nuevo a través de un servicio de mensajería, ya que consideró que «la única forma oficial de enviar una notificación es a través de un burofax, que es como nosotros nos estamos dirigiendo a ellos».
Elías Álvarez explicó que las propuestas de dos años de inhabilitación notificadas ayer fueron hechas en base al apoyo que recibió por parte de cinco concejales mierenses -José Coto, Belén Asenjo, Secundino Vallejo, Ana Cidón y José Juan García- por las declaraciones en las que tildaba de fascista la actitud de la dirección regional del partido al obligar al grupo municipal de Mieres a votar contra los presupuestos pactados con el PSOE, algo por lo que la dirección regional ya había pedido para él mismo dieciséis años de suspensión de militancia. El concejal explicó que la nueva propuesta de cuatro años más de inhabilitación para él mismo se ha solicitado por «dar una rueda de prensa tras haber sido suspendido cautelarmente».
Elías Álvarez anunció: «Ya hemos puesto los documentos en manos de nuestro abogado, Raúl Bocanegra, para que comience a preparar el recurso que vamos a presentar ante el comité de derechos y garantías nacional, que es el órgano del partido al que tenemos que acudir ahora». Para ello, los concejales mierenses tendrán un mes de plazo, en el cual, si no llegasen a presentar las alegaciones, la sanción se tornaría firme. En el caso de que el comité nacional ratifique la decisión tomada por Oviedo, el único recurso posible que podrían interponer los mierenses sería en los tribunales ordinarios.
Por último, Álvarez enviará a Madrid, el viernes, las alegaciones contra la petición de la dirección regional de 16 años de suspensión de militancia o la expulsión del partido.
