Mieres del Camino,

J. VIVAS

Los socialistas de Mieres no quieren quedarse con la responsabilidad única de las compras que el Ayuntamiento hizo a las empresas implicadas en el llamado «caso Marea», a pesar de que los populares se la atribuyesen de forma íntegra. El secretario general de la Agrupación Socialista de Mieres, Balbino Dosantos, aseguró ayer que el PP «también aprobó muchas de estas facturas, ya que todas se llevaron a comisión». Dosantos aprovechó para defender la legalidad de las adquisiciones al señalar que «todas fueron fiscalizadas por parte del interventor municipal».

El presidente del PP en Mieres, Carlos Galcerán, dio a conocer el pasado viernes el desglose de todas las facturas que el Ayuntamiento abonó o tiene pendiente de pago con Igrafo y Almacenes Pumarín entre 2002 y 2011. Aseguró, además, que había ventas por 186.000 euros sin justificar. Galcerán exigió responsabilidades a los socialistas ante estos gastos «injustificados y opacos». Sin embargo, el secretario de los socialistas mierenses creen que Galcerán «debería de pedir explicaciones a sus propios concejales, que fueron los que participaron en las comisiones en las que se aprobaron las facturas que ahora están denunciando». Dosantos reafirmó su defensa al señalar que «todo el mundo sabe que el PSOE no tenía mayoría entonces en el Consistorio, con lo que necesitábamos de su apoyo para poder aprobar las compras que están sacando a relucir de forma interesada».

Las compras realizadas a las empresas del «caso Marea», según los datos hechos públicos por el PP de Mieres, ascendieron a 2,87 millones de euros. Almacenes Pumarín facturó 1,87 millones, mientras que Igrafo superó ligeramente el millón de euros. Entre estas facturas, los populares señalaron algunas de las que consideraban «llamativas». Aquí se encuentra la adquisición de una mampara y cortinas venecianas con destino al despacho del entonces concejal de Hacienda por valor de 13.508,66 euros; diez cámaras fotográficas que sumaban 4.200 euros; o dos sillas para departamentos técnicos municipales que ascendieron a 5.387 euros.

La relación de Mieres con esta operación contra la corrupción en la administración pública también cuenta con un imputado, el ex jefe de compras del Consistorio. El funcionario recibió, presuntamente, «atenciones» por parte de la empresa Igrafo por valor de más de 20.000 euros.

«El señor Galcerán (PP) debería pedir explicaciones a sus propios concejales, que fueron los que participaron en las comisiones en las que se aprobaron las facturas que ahora está denunciando»

<Balbino Dosantos >

Sec. Agrup. Socialista Mieres