Un amplia parte de los trabajadores del Ayuntamiento de Mieres no están dispuestos a resignarse y quedarse sin los complementos salariales que les fueron retirados en el plan de ajuste que el Gobierno de Mieres (IU) aprobó, en solitario, en mayo de 2012. Los sindicatos mayoritarios, tras lograr que los Juzgados se pronunciasen en contra de la bajada de sueldos al personal laboral del Consistorio, decidieron en su momento no reclamar judicialmente estas asignaciones, ya que los actuales gestores municipales advirtieron de que esta medida podría haber abierto la puerta a una regulación de empleo o incluso a un plan de despidos. Así, están siendo los propios trabajadores los que, a título personal, están solicitando vía judicial los ingresos que no percibieron.

El gobierno local reconoce tener constancia de que "un gran número de trabajadores" han acudido al Juzgado para exigir sus retribuciones. Los gestores de IU dicen desconocer cuántas denuncias en concreto se han presentado, aunque asumen que se puede tratar de decenas. Las fuentes del comité de empresa consultadas por este diario sostienen que el número de reclamaciones podría haber superado ya el centenar.

Esta ola de denuncias está avivada por la sentencia favorable que hace unos meses recibieron los tres trabajadores municipales que decidieron en un principio reclamar los citados conceptos salariales. El Ayuntamiento les tuvo que abonar algo más de 5.500 euros Estos operarios hicieron valer la sentencia que, en julio de 2012, anuló el recorte salarial que fue aprobado previamente por el Ayuntamiento de Mieres para todo el personal laboral, unos 280 trabajadores. El juez dictaminó en su momento que el plan de ahorro fue "impuesto" de manera "unilateral", sin abrir el pertinente proceso de negociación con los representantes sindicales. Este fallo puso en serio riesgo el desarrollo del programa de estabilidad económica de IU, pero los sindicatos tuvieron un gesto de buena voluntad: nunca pidieron la ejecución de la sentencia. Ahora, decenas de trabajadores han decidido actuar por su cuenta, aunque con asesoramiento legal de los sindicatos. El gobierno local confía en que estas reclamaciones no sean atendidas ya que el convenio laboral vigente en 2012 ya no tiene validez.