La perrera que el Ayuntamiento de Mieres construyó en 2010 en las estribaciones del monte Polio no se estrenará. El gobierno local no ve factible poner en marcha un equipamiento que costó más de 400.000 euros y que los vecinos de La Cabana, pueblo situado en las proximidades, nunca quisieron. De hecho, denunciaron en su momento las obras, logrando una sentencia que consideraba que las instalación incumplía varias normativas.

Los portavoces del gobierno local confirmaron a este diario que en sus planes no está ya la apertura de la polémica perrera. Argumentan que a estas alturas abordar un proyecto de acondicionamiento conllevaría una inversión que superaría "ampliamente" los cien mil euros. Son dos los problemas más relevantes. Por un lado, la citada sentencia judicial obliga a tirar parte de los boxes para ajustar la estructura a la ley. Además, las dependencias han sufrido durante los últimos años robos y desperfectos. A estos dos graves escolles habría que sumar otros menores, como la existencia de "errores" de obra, como canalizaciones mal planteadas.

Hasta ahora el Ayuntamiento había dejado la puerta entreabierta ante la posibilidad de abordar una actuación de reforma en la perrera. Esta posibilidad está ya descartada. El Ayuntamiento da por perdidos los 400.000 euros invertidos en la instalación. Esta posibilidad era la más plausible desde que en 2012 el gobierno local decidiera no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que dejó sin efecto el acuerdo de abril de 2010 de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) en el que se informó favorablemente del proyecto y se concedió la autorización previa para el inicio de las obras de la perrera municipal de La Cabana. El tribunal estableció en la sentencia que existían irregularidades tanto en la volumetría como en la concesión de las condiciones de uso de las instalaciones.

El Ayuntamiento de Mieres y la CUOTA establecieron en abril de 2010 otorgar a la futura perrera la calificación urbanística de "explotación ganadera intensiva". Según se desprende de los fundamentos de derecho de la sentencia dictada por el TSJA, la planificación urbana de Mieres no estableció una definición concreta para las perreras, por lo que el anterior gobierno local optó por darle la citada catalogación. La juez que firma el fallo vio "razonable" establecer un paralelismo con las explotaciones agracias, pero echó en falta una más amplia argumentación. Este problema pudo subsanarse, pero no el segundo. La sentencia también detecta un "incumplimiento" en lo concerniente a la ocupación del suelo. Para solventar esta anomalía, el Ayuntamiento valoró inicialmente que sería suficiente "la eliminación de uno de los boxes".

La perrera de Polio ya muy poco se parece a la que fue construida hace casi seis años con 400.000 euros del denominado "Plan E". La instalación ha sido prácticamente desmantelada. La perrera ya ofrecía en 2011 un estado penoso. Había desaparecido parte del cierre perimetral, puertas y ventanas. La cosa ha ido a peor. La techumbre hace tiempo que empezó a quedarse "calva" y los motores acoplados al portón de entrada han desaparecido. La perrera se asemeja más a un viejo edificio en ruinas que a una moderna instalación medioambiental.

De haber optado por abrir la perrera, el Ayuntamiento hubiera tenido que aprobar un plan de impacto ambiental. El siguiente paso hubiera sido plantear un proyecto de derribo de las instalaciones sobrantes y proceder a su demolición. A partir de ese momento, aún sería necesaria una inversión para rehabilitar la instalación. En total, las estimaciones municipales apuntan a que el gasto hubiera oscilado entre 100.000 y 200.000 euros.