El número de chalés de la Ciudad de Vacaciones de Perlora que podrían acabar derruidos como consecuencia de su mal estado ha pasado en pocas semanas de cinco, como inicialmente anunció el Principado, a 55, según se desprende de la última comparecencia de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo. Y es que, por vez primera, el Gobierno regional ha reconocido públicamente que el vallado de más de medio centenar de villas residenciales responde a la posibilidad de que se declare su ruina, y no solo a motivos transitorios de seguridad. "El deterioro de algunas edificaciones es importante y son problemas estructurales que afectan a la seguridad de las personas", reconoce Carcedo, quien admite haber solicitado al Ayuntamiento de Carreño la "demolición inminente" de cinco de esas edificaciones.

Con respecto a las 55 villas que están valladas, el Principado está a la espera de informes técnicos que valoren su verdadero estado, pero avisa: "Con la seguridad de las personas no vamos a jugar, y si tengo que hacer la declaración de ruina, la haré", asegura Carcedo.

El proceso, eso sí, lleva una serie de pasos, dado que los chalés de Perlora tienen una especial protección urbanística en el Plan General de Ordenación. Así, para poder derruirlos es necesario que previamente sean declarados ruinosos, para lo cual es necesario un informe externo que cuente con "análisis de laboratorio" que permitan determinar el estado de la construcción.

Este informe ya ha sido encargado para las cinco villas en peor estado y está previsto que vea la luz este mes. Después, se evaluarán las condiciones de los otros 50 chalés, que podrían correr la misma suerte.

La situación genera alarma en el concejo y dos partidos políticos, UICA y CAUN, ya denunciaron el pasado mes de diciembre que las verdaderas intenciones del Principado, después de esperar siete años para actuar en el recinto vacacional, son las de derruir la mayor parte de las construcciones. En su opinión, se trata de una maniobra para la "destrucción encubierta del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Vacaciones de Perlora y del concejo de Carreño", mediante la herramienta de la declaración de ruina, de la que hasta ahora el Principado no había hablado.