La ladera del monte Fuxa, cuyos frecuentes desprendimientos afectan al paseo marítimo de Candás, sigue sin afianzarse dos años y nueve meses después de su mayor argayo. La consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente todavía no ha iniciado las obras de estabilización que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias le obligaba a acometer en diciembre de 2014.
El proyecto, de casi 200.000 euros, ya está listo, pero no convence a la oposición carreñense, ya que deja fuera a la vivienda desalojada. Su titular, Alicia Prendes, consiguió esta semana que el Juzgado de los Contencioso- Administrativo número uno de Gijón anulase una resolución de la Alcaldía, con fecha 13 de noviembre de 2013, que le exigía reparar el argayo que en marzo de 2013 arrasó la parte trasera de su casa, ubicada en la calle Astillero.
La sentencia, defiende el gobierno socialista, pone de manifiesto que la propiedad de la vivienda recibió en 2007, en virtud de una sentencia y a consecuencia de otro deslizamiento de tierra, "21.500,95 euros para proteger su casa y no lo hizo". El auto "anula la orden que dictó el Ayuntamiento, porque entiende que la protección de la vivienda es una cuestión que debe decidir la propiedad sin que pueda ser obligada a ello", sostiene la alcaldesa Amelia Fernández. No obstante, añade que el tribunal refleja que la familia recibió un dinero que luego no empleó para reparar el argayo. "El Ayuntamiento no puede hacerse cargo de obras que corresponden a particulares. La sentencia no condena al Consistorio a hacer las obras ni al pago de las costas. Ahora estudiaremos si recurrir el fallo o acatarlo", remata.
En este sentido, el Partido Popular pide a través de su portavoz José Ramón Fernández que no se recurra el fallo. "Su contenido es claro y un recurso sólo va a suponer perder más el tiempo y gastos para el Ayuntamiento", señala. Y es claro, porque en su opinión el Tribunal Superior exime a la familia desalojada de reparar el argayo. José Ramón Fernández exige una vez más que se afiance "toda la ladera del monte Fuxa" -eso incluye la vivienda desalojada-, conforme a la sentencia del año pasado y el acuerdo de cesión de la carretera de 2007, por el que la carretera AS-239 pasó a ser una vía urbana, gestionada por el Ayuntamiento. "Pedimos al anterior alcalde, Ángel Riego, a la actual regidora , Amelia Fernández y a la consejera de Fomento, Belén Fernández, que pidan perdón a la familia desalojada y a los vecinos de Carreño por estos casi tres años de mentiras y actuaciones erráticas que ahora un juez califica como ilegales", concluye.
Por su parte, el portavoz de IU, Ángel García, opina que "la persistencia en el error del PSOE en este asunto es ya casi enfermiza". "La sentencia deja claro que la obligación de limpiar el argayo no es de la familia. En el anterior mandato, los siete grupos de la oposición coincidimos en que la posición del Alcalde era errónea. Y por lo que vemos, el gobierno local actual poco ha cambiado en este tema", comenta. A juicio de Izquierda Unida, "se deben de consensuar los pasos que se van a dar a partir de ahora con el objetivo de buscar una solución definitiva".
