El exalcalde de Pravia Antonio de Luis Solar (PSOE) tendrá que volver al Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés a declarar por el "caso de los parquímetros", en el que está imputado por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en grado de tentativa. El juez José Carlos Gómez de Liaño suspendió ayer la sesión ante la imposibilidad de escuchar una prueba solicitada por la acusación (PP, Foro y Manos Limpias), que contenía las declaraciones en instrucción de la secretaria y el interventor municipal.

Solar está imputado en el caso, que le costó la presidencia de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y la Alcaldía, por haber avalado a la empresa Zaferco XXI para comprar catorce parquímetros por valor de 79.000 euros. Una operación financiera que firmó como apoderado del Ayuntamiento y que realizó a espaldas de la Corporación, incluso de su grupo el PSOE, mientras se estudiaba la implantación de la zona azul (ORA) en la villa praviana.

El "caso de los parquímetros" saltó a la opinión pública cuando el banco reclamó al Consistorio el pago de las cuotas pendientes que no asumió la empresa. En ese momento, también se supo que los parquímetros estaban almacenados en una nave municipal del polígono de Salcedo.

Solar llegó ayer a la sede judicial acompañado de su abogado y visiblemente tranquilo. Dentro de la sala, aseguró ante el juez que no es culpable y que la firma del aval fue "estrictamente personal". Asimismo declinó responder a las preguntas de la acusación.

Por su parte, los abogados de PP, Foro y el sindicato Manos Limpias solicitaron la declaración en sala de la secretaria y el interventor municipal, así como de los representantes políticos pravianos: José Manuel Rodríguez Polo, Ana Álvarez y Juan José Escudero. La defensa de Solar y el Ministerio Fiscal se opusieron, así que el juez suspendió diez minutos la vista para, finalmente, retomar la sesión. Solar dijo que accedió a la firma del aval porque conocía a los propietarios de la empresa, así como aseguró que era un regidor accesible y que en muchas ocasiones ayudó a vecinos, aunque el juez cortó su discurso.

El exregidor sostuvo que no participó en la redacción de la póliza del contrato, "no la leí ni me quedé con copia". Y que no sabe por qué figura en la documentación como apoderado del Ayuntamiento: "Me venderían la moto", señaló en referencia a Zaferco XXI. Aunque no respondió a las preguntas de la acusación, ésta fue implacable. Los abogados de PP, Foro y Manos Limpias preguntaron al exregidor por qué aparece el CIF del Ayuntamiento en el contrato si actuó a nivel personal, si era conocedor de que la empresa iba a optar a la gestión de la ORA, por qué ocultó a la Corporación la operación financiera, por qué las máquinas estaban en una nave municipal o por qué suspendió la mesa de estudio de la zona azul cuando trascendió el caso si era un acto personal.

Tras las preguntas, finalmente el juez optó por escuchar las declaraciones de la secretaria y el interventor municipal realizadas durante la instrucción, pese a haber denegado sus testimonios en sala a la acusación.

Sin embargo, la mala audición de las mismas obligó a suspender la sesión. Una vista oral que se retomará en el mismo punto si se señala antes de un mes. En caso contrario, tendrían que reanudar la sesión desde el principio.