La Consejería de Sanidad desmintió ayer que existan trabas por su parte para la reapertura del Matadero Central y negó que los trámites vayan "lentos", como denunciaron el martes los extrabajadores del macelo durante una reunión con el empresario sierense y miembro de la familia propietaria de la instalaciones, Luis Alberto Sánchez Panero.

Fuentes de la consejería aseguran que, si bien es cierto que la empresa presentó el pasado día 24 de febrero la documentación necesaria previa a la inspección que determinará las necesidades para retomar la actividad, también lo es que el pasado lunes se notificó a la empresa Serincar 92 S. L. que tenía un plazo de diez días para subsanar errores y seguir adelante con el proceso.

Una afirmación que contrasta con la versión del propio empresario, que el martes aseguró ante los extrabajadores que desde que presentó la documentación en la consejería no había recibido respuesta alguna ni fecha para la realización de la necesaria inspección por parte del personal de la administración.

Sobre las demandas de los exempleados de Junquera Bobes S. A., empresa que explotó las instalaciones hasta su cierre hace dos años y medio, en las que pedía "la misma vara de medir" para el nuevo matadero que para los que ya están en marcha, Sanidad explica que "la normativa exigida es la vigente, y si hay cambios en la misma los que están abiertos tienen un plazo para adaptarse", señalan.

Unas explicaciones que no acaban de convencer a los extrabajadores, que ayer mismo trasladaron su preocupación a los grupos de la Junta que el pasado 18 de noviembre apoyaron una declaración de apoyo explícito para que el Matadero Central pueda reabrir sus puertas. La plantilla insiste en que hay presiones de otros mataderos para que el de Noreña no recupere la actividad.

A este respecto, Macelo de Asturias S. A., empresa propietaria del matadero de Mieres que dirige el empresario Manuel del Busto, que en su día estuvo a punto de hacerse con el Matadero Central, respondió a la amenaza de los extrabajadores de "denunciar a otros mataderos que no cumplan la normativa", recordando que la legislación asturiana "es estricta" y que existen numerosos controles administrativos y externos.