14 de abril de 2018
14.04.2018

"La Alcaldesa toma decisiones contrarias al juez", advierte el PP del desalojo en Candás

Los populares piden a Fernández que se someta a la ley y que muestre "sentido común y compasión" con los afectados

14.04.2018 | 02:08

El Partido Popular de Carreño advierte a la alcaldesa, Amelia Fernández (PSOE), de que está desobedeciendo la orden de desalojo dictaminada por el juez en el caso de la casa del paseo marítimo de Candás. El desalojo se produjo el miércoles, con un amplio despliegue policial, y las dos familias que habitan el inmueble recibieron las llaves de dos viviendas de emergencia del municipio. El estado de las mismas, "indecente" a juicio de las familias, les llevó a pasar la primera noche en un hotel para proceder a la limpieza previa a su entrada. Ante la falta de ocupación, el Ayuntamiento solicitó ayer a las familias que devuelvan las llaves y les ofreció una ayuda de 500 euros a cada una, previa justificación de los gastos generados.

El PP de Carreño recuerda a la alcaldesa que en la orden de desalojo del juzgado se indica que "ha de ponerse en relación con el ofrecimiento de una vivienda municipal que se realiza en la resolución de 1-12-2017, debiendo indicarse que esta última resolución, no recurrida, no establece el plazo que ha de durar el desalojo que acuerda, si bien puede deducirse de la misma que dicho plazo depende de que se realicen actuaciones que reduzcan la situación de riesgo existente."

José Ramón Fernández, portavoz de los populares, señala que "dicho ofrecimiento consta en la parte dispositiva de un acto administrativo firme, que ha servido para que el órgano jurisdiccional tomara la decisión de autorizar el desalojo", por lo que "convertir sin prácticamente solución de continuidad, la entrega de llaves y la opción de vivir temporalmente en dos viviendas municipales, en la entrega de una cantidad de dinero, supone que la alcaldesa vaya contra sus propios actos, y contra el tenor literal de lo razonado en el Auto para autorizar el desalojo".

A juicio de los populares, el Ayuntamiento "pretende reconducir esta situación a una cuestión de servicios sociales", por lo que "pone en cuestión los razonamientos del juez". Fernández pide a la alcaldesa que "deje de tomar decisiones contrarias a la autorización judicial, y que con sometimiento a la legalidad, sentido común y algo de compasión, valores de los que hasta ahora no ha hecho gala precisamente, contribuya a que esta familia pase el trago del desalojo de su propia casa con un poco de tranquilidad y estabilidad".

La alcaldesa de Carreño ha preferido no hacer ninguna declaración al respecto, limitándose a señalar que cumple lo legalmente establecido.

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