La mina perderá 20.000 empleos en 15 años

Módem PRESS

Si fuera un barco andaría a la deriva, pero aquellos que firmaron en marzo del año 2006 el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón Autóctono y de Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 2006-2012, que así se denomina oficialmente, se refieren a él como una mesa con tres patas principales: Empleo, producción y reactivación. Tres patas que a día de hoy están quebradas por lo que la mesa del plan no es que cojee sino que amenaza con desplomarse con el agravante además de que su gestor, el Gobierno central hace tiempo parece haber arrojado la toalla para reconducirlo.

Cuando apenas faltan quince meses para que expire la vigencia de la actual hoja de ruta minera, el 31 de diciembre del año próximo, el ajuste real que se ha producido en el sector es muy superior al pactado, repitiéndose así lo sucedido con el anterior Plan, el que se implementó entre 1998 y 2005. Entonces, en apenas ocho años, el sector pasó de 24.000 trabajadores a apenas 8.300 y la producción se redujo de las más de 17 millones de toneladas anuales a sólo 12. Se perdieron cerca de 17.000 empleos, casi 10.000 más de los previstos. Y es que las prejubilaciones fueron muchas más de las inicialmente calculadas y apenas se cumplieron, además, las más de 4.000 nuevas incorporaciones pactadas.

Lejos de aprender de aquella realidad las desviaciones en este aspecto se han reproducido en el actual Plan, hasta el punto de que a día de hoy el sector sólo emplea, siempre haciendo referencia a las plantillas propias y sin tener en cuenta las subcontratas, a 4.342 trabajadores. La cifra es elocuente y sencilla: Si al inicio del Plan había 8.310 trabajadores, se han perdido pues 4.000 empleos, casi el 50% de la plantilla. Prácticamente el doble de lo pactado, pues en estos momentos deberían de estar trabajando en los tajos 6.046 personas. Hoy, hay 1.704 trabajadores menos de lo acordado lo que ha propiciado que se haya superado con creces el nivel previsto para todo el plan, que debería de finalizar con 5.302 empleados.

En esta ocasión el desfase no se ha debido, con en el plan anterior, a un mayor número de prejubilaciones de las inicialmente previstas, ya que hasta el pasado año se habían prejubilado 5.012 trabajadores. Sólo 104 más de lo esperado. De ellos, aproximadamente un 40%, 2.179 pertenecían a la plantilla de la empresa pública Hunosa, mientras que el 60%, 2.833 provenían de las empresas privadas. La desviación en la plantilla se produce pues por el incumplimiento de las empresas de contratar a cuatro trabajadores por cada nueve bajas, algo que a duras penas se está llevando a cabo en la compañía pública Hunosa, aunque tampoco está cumpliendo el acuerdo en su totalidad, pero no en las empresas privadas, que apenas han incorporado trabajadores a sus plantillas y cubren sus necesidades, mayormente, con las subcontratas.

Lo cierto es que de seguir este parámetro la pauta de los últimos ejercicios, el sector puede finalizar el Plan 2006-2012, teniendo en cuenta las prejubilaciones previstas de aquí al 31 de diciembre del año próximo, con sólo 3.000 trabajadores frente a los 5.302 acordados. Y como aventuraba días atrás en estas páginas el Secretario de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de Comisiones Obreras (CC OO), Juan Carlos Álvarez Liébana: «Sin trabajadores el sector se muere, ya no tiene sentido». Un dato es demoledor: En quince años, durante la aplicación de los dos planes del carbón, 1998-2005 y 2006-2012, la minería del carbón en España habrá perdido más de 20.000 trabajadores, el 87,5% de los existentes en diciembre de 1997.

Este Plan 2006-2012 pretendía, según las directrices que entonces se emanaban desde Bruselas hasta el giro de 180 grados dado en diciembre pasado por los veintisiete miembros de la Unión Europa, crear una reserva estratégica de carbón a través de una producción estabilizada y garantizar el acceso a las reservas existentes en el subsuelo para el futuro a partir de las inversiones hechas por las empresas. Además, el Plan garantizaba el consumo por parte de las térmicas del carbón que se extraía de las minas españolas. A día de hoy se puede decir que las inversiones de acceso a dichas reservas se han llevado a cabo, según datos del propio Ministerio las compañías han invertido en estos años 850 millones de euros, pero ni la producción se ha estabilizado ni las eléctricas han consumido el carbón producido hasta el punto de que ahora mismo se amontonan en los parques de carbones de las térmicas y de las propias empresas mineras cerca de 20 millones de toneladas de mineral, prácticamente la producción de tres años. Una producción que también ha sufrido un significativo recorte respecto al volumen previsto y se sitúa hoy en 8,55 millones de toneladas frente a los 9,7 que deberían de extraerse este año.

Todo comenzó a torcerse en el año 2009 cuando las compañías eléctricas dejaron de comprar carbón español. El precio del mineral de importación había bajado espectacularmente en los mercados internacionales y el Ministerio de Industria, un año antes, en una decisión que se ha demostrado que fue un error flagrante de gestión, había eliminado el incentivo al consumo de carbón nacional cuando el precio del carbón internacional más que doblaba al del autóctono. Pero la situación dio un giro copernicano en apenas unos meses y el carbón nacional se quedó sin defensas ante el mercado lo que le sumió en la mayor crisis de su historia y al borde mismo del colapso total.

Lo ocurrido posteriormente ya es conocido, por reciente. El nuevo mecanismo que pretendía garantizar el consumo del mineral extraído de las minas españolas, el real decreto de restricciones por garantía de suministro, sufrió una larguísima y complicadísima tramitación de casi año y medio, en el que tuvieron incluso que intervenir los tribunales, tanto españoles como europeos, y al final el proceso se saldó, en lo referente a la producción, con un nuevo recorte adicional al «oficializar» Industria la reducción excepcional, del 12%, que llevaron a cabo las empresas como consecuencia de la crisis en el año 2010. Así, con los parámetros actuales, la producción el próximo año se situará probablemente por debajo de los 8 millones de toneladas y en los tres próximos ejercicios las térmicas deberán de quemar en sus calderas alrededor de 40 millones de toneladas de mineral, 20 de ellas provenientes del stock existente y otras 20 de la producción corriente, para dejar el contador a cero. Algo del todo punto imposible si tenemos en cuenta que este año, el primero de aplicación del citado real decreto, las eléctricas tendrán serias dificultades para consumir los 8,5 millones de toneladas que se producen.

Una producción que, como sucede con el empleo, habrá sufrido una disminución espectacular desde 1998 pasando de 17 a 8 millones de toneladas en 15 años. Unos datos demoledores y que hablan bien a las claras de la deriva, quizás ya sin retorno, que vive el sector en los últimos años.