Ese mismo día, tuvo lugar un encuentro en la sede del PP, en la calle Génova de Madrid, entre el coordinador general del partido, Ángel Acebes; el secretario general y Vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos; el propio Josep Piqué; los Presidentes autonómicos de Asturias y Castilla y León, Sergio Marqués y Juan José Lucas, respectivamente; y el Presidente de la Diputación de Teruel, Ricardo Doñate. En esta reunión se respaldó la decisión de separar el futuro del carbón del Protocolo Eléctrico y de abrir negociaciones con los sindicatos. Además, el Partido Popular animaba al Gobierno a «presentar un conjunto de actuaciones para desarrollar un conjunto de infraestructuras tendentes a mejorar las comunicaciones de las cuencas mineras e impulsar planes de desarrollo urbanístico integral de las mismas, habida cuenta de la importancia del suelo como factor de localización de iniciativas».

Comenzaban así unas largas negociaciones que, ocho meses después, en concreto del 15 de julio de 1997, dieron lugar a la firma del «Plan de la Minería del Carbón y de Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 1998-2005».

Tras las turbulencias del otoño, la paz social, al menos aparente, se había hecho un hueco en el sector y las negociaciones comenzaban en un buen clima, pese a que todas las partes eran conscientes de que la negociación traería indefectiblemente importantes recortes. La contrapartida a estos recortes, sin embargo, fue que las organizaciones sindicales lograron arrancar al Gobierno del Partido Popular un plan integral para el desarrollo económico alternativo de las comarcas mineras que traía bajo el brazo una auténtica lluvia de millones para los territorios mineros, en concreto 500.000 millones de pesetas (3.000 millones de euros).

La negociación fue larga, ocho meses, a razón de una reunión cada quince días más o menos, y no exenta de tensiones en algunos momentos. En ocasiones dar un pequeño paso costaba semanas, pero las dos partes eran conscientes de que estaban construyendo algo nuevo, algo que no se había hecho nunca hasta ahora: un plan integral que regulara el sector de arriba a abajo y que vendría acompañado además de un programa de reactivación económica para las cuencas.

Los equipos negociadores estaban compuestos principalmente por Jesús Urrutia, Víctor Fernández y José Ángel Fernández Villa por parte de la UGT, e Ignacio Fernández Toxo, Rafael Varea y Antonio González Hevia por parte de CC OO. En el lado del Ministerio fueron el secretario de Estado de Energía, Nemesio Fernández Cuesta, y la directora general de Minas, Paloma Sendín, con aportaciones puntuales del propio Piqué cuando las conversaciones parecían dirigirse a un callejón sin salida, los que llevaron el peso de la negociación para alcanzar un acuerdo.

El trabajo fue riguroso y concienzudo y, al final, los responsables sindicales lograron alcanzar un buen grado de entendimiento y complicidad con el que por entonces era el número dos del Ministerio, Nemesio Fernández Cuesta. Las reuniones llegaban a ser maratonianas, algunas duraron más de doce horas, y no era extraño que los sindicalistas perdieran el avión de vuelta previsto para regresar sus domicilios o ver a Fernández Cuesta, furibundo madridista, salir a la carrera del Ministerio a las 21 horas para ir al Santiago Bernabéu, situado apenas a 300 metros, para asistir a un partido europeo del Real Madrid. En alguna ocasión, incluso, el funcionario de turno bajaba a la entrada del Ministerio y decía a los periodistas que allí aguardaban el resultado de la reunión: «Me ha dicho Nemesio que la reunión se va a alargar, que si queréis sus entradas para ir al fútbol». Las negociaciones se desarrollaron con luz y taquígrafos. Los medios de comunicación podían hacer fotos y tomar imágenes del inicio de las reuniones y, al finalizar, tanto desde la administración como por la parte sindical -éstos así lo siguen haciendo quince años después- se informaba puntualmente del desarrollo del encuentro.

Así iban transcurriendo las cosas cuando, ya entrado el verano, el acuerdo estaba casi listo. El sector pasaría de una producción de 18,1 millones de toneladas a 13, y de los 24.405 trabajadores de 1998 a 17.500 en 2005, después de calcularse unas 11.000 prejubilaciones y alrededor de 4.000 nuevas incorporaciones a las empresas mineras. Las prejubilaciones se generalizaban para todas las empresas y la edad para acceder a ellas pasaba de 55 años a 52 lo que, aplicando los coeficientes propios del sector, permitiría prejubilarse a trabajadores a partir de 42 años. Se establecía una reducción de ayudas al funcionamiento de las empresas de un 4% anual; se fijaban partidas para ayudas al cierre de las empresas en dificultades; el incentivo de la peseta por kilovatio para estimular a las eléctricas a consumir carbón nacional; se fijaban partidas para el vale de carbón, el transporte de mineral entre cuencas, para seguridad minera... En resumen, una auténtica obra de orfebrería política y administrativa por la que se iba a regir el sector durante los siguientes ocho años. Además, como ya se ha comentado previamente, la gran novedad del plan minero era que traía consigo un proyecto integral de desarrollo económico alternativo de las comarcas mineras dotado con cerca de medio billón de las antiguas pesetas. Habían nacido los fondos mineros.

El 15 de julio de 1997, en pena canícula madrileña, el Ministro de Industria, Josep Piqué, y los secretarios generales de FIA-UGT, Jesús Urrutia, y la Federación Minerometalúrgica de CC OO, Ignacio Fernández Toxo plasmaban su firma en la que había de ser la hoja de ruta del sector hasta el año 2005. Costó que la aplicación del plan arrancara y tomara velocidad de crucero, y posteriormente tuvo, como ya es conocido, sus luces y sus sombras.

El ajuste fue mucho mayor del esperado al producirse 6.000 prejubilaciones más de las inicialmente previstas y por el incumplimiento de las empresas, que en un principio no firmaron el acuerdo ni participaron prácticamente en las negociaciones del mismo, al llevar a cabo las incorporaciones de nuevos trabajadores. La producción también sufrió un recorte mayor del pactado, casi un millón de toneladas, y los fondos mineros... Pues eso, luces y sombras. Retrasos, sí, pero también Autovía minera, «Y» de Bimenes, campus de Mieres, nuevos polígonos industriales y arreglo de las barriadas mineras. Tras la firma de aquel plan, todo cambió tanto en el sector como en las cuencas mineras, y aquella negociación fue, sin duda, un hito a partir del cuál hubo un antes y un después en la minería española.

El propio Josep Piqué, años después y ya alejado de la política, hacía estas declaraciones en una entrevista: «Yo creo que el diagnóstico sobre el sector del carbón cuando el PP llegó al Gobierno, en la primavera de 1996, lo compartía cualquier persona que se acercaba al problema». Y seguía: «Siempre que he hablado con mis antecesores del Ministerio socialistas, y después con sucesores míos en Industria, tanto del Partido Popular como del PSOE, al final todos llegamos a la misma conclusión, esto no era sostenible y había que resolverlo.».

¿Cuál fue probablemente el elemento diferencial? El ex ministro señalaba que «haber intentado abordar el tema en su profundidad, o sea, de una forma, entre comillas, si se quiere, radical, pero al mismo tiempo ofreciendo algo que me parecía justo: esto no es sostenible pero hay que ofrecer una alternativa desde el punto de vista de las posibilidades de desarrollo de las cuencas mineras cuando ya no se puedan dedicar al carbón». De ahí el plan alternativo de desarrollo alternativo de las cuencas mineras, un plan «bien estructurado presupuestariamente y que básicamente iba dirigido a apoyar determinados proyectos empresariales fuera del sector y a crear infraestructuras. Y ese equilibrio fue el que permitió que finalmente, a pesar de la dureza de los ajustes que impusimos, los sindicatos llegaran a un acuerdo con nosotros».