León / Mieres, Julio VIVAS
Ante los recortes en los fondos mineros anunciados por el Gobierno central, los diferentes afectados han comenzado a tomar posiciones y la patronal minera Carbunión defiende que el ajuste se realice sobre los gastos que consideran que «no son esenciales» y entre ellos citan las conocidas como becas mineras, incluidas en el capítulo de formación de los fondos con partidas de 40 millones de euros anuales. Con esa propuesta Carbunión pretende preservar las ayudas directas al sector minero.
El planteamiento ya fue realizado hace unas semanas en León por el presidente de la patronal Carbunión, Victorino Alonso, quien abogó porque los recortes del plan de la minería se apliquen a «gastos menos necesarios». Alonso, que hizo estas declaraciones durante la jornada «Los retos energéticos del siglo XXI» celebrada en la capital leonesa, instó al nuevo Gobierno liderado por Mariano Rajoy a «hacerse cargo de la necesidad del carbón» y advirtió de lo que supondría «sacrificar una actividad directa como son las minas, ya que una vez que se cierren los pozos no podremos reabrirlos». La postura del presidente de Carbunión, también fue compartida en parte por el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, que también participó en la citada jornada y pidió que el descenso de las ayudas a medida que se acerca 2018 sea «más suave que como se está planteando ahora», permitiendo que las empresas mineras que quieren conseguir la rentabilidad en 2018 puedan invertir en ello.
Aún así, Alonso señaló que es consciente de la situación económica y señaló que «si hay que seguir un comportamiento austero y reducir el gasto se hace, pero con una política coherente que asegure la pervivencia de estas empresas en el futuro». Además afirmó que «se pueden recortar gastos no necesarios, como becas y determinadas ayudas, en lugar a atacar a las empresas». Por ello, tal y como explicó el presidente de la patronal minera, «es preciso establecer los mecanismos necesarios para lograr la estabilidad económica de las empresas mineras entre 2011 y 2018, de manera que se puedan amortizar y completar las inversiones acometidas al amparo de la reserva estratégica y facilitar que las empresas se puedan convertir en competitivas en 2019». Sin embargo, el paso previo, tal y como destacó Alonso, será conseguir que las ayudas recibidas hasta la fecha de cierre impuesta por la UE se destinen a la competitividad y no al cierre, suprimiendo, además, la obligación de devolver estas ayudas. Una batalla en la que no sólo está inmersa la patronal, sino que también incluye a las comunidades de Asturias, Castilla y León y Aragón, que han hecho un frente común en la UE para lograr este fin, recurriendo la Decisión europea ante los tribunales.
