Mieres / Langreo,
Julio VIVAS
La crisis del sector carbonero, derivada de los recortes del 63% en las ayudas a la producción de mineral nacional, ya ha provocado un centenar de damnificados entre las subcontratas que trabajan para las empresas mineras. Los despidos, que afectan a las principales cuencas carboneras del país, comenzaron a principios de mes en León, donde fueron sesenta los mineros afectados. En Asturias fueron catorce los trabajadores que se quedaron sin empleo, mientras que en Aragón han sido 24 los operarios que en los últimos días han pasado a engrosar las listas del paro. Los despedidos en las explotaciones aragonesas y leonesas pertenecen a la misma empresa Peal, que ha ofrecido a una parte de estos operarios seguir trabajando en otras obras con las que mantiene contratos.
La principal compañía aragonesa, Samca, decidió no renovar el acuerdo que le vinculaba a Peal en la mina María, en Ariño, una explotación a cielo abierto, donde se encargaba de parte del movimiento de tierras. El contrato, que incluía una serie de toneladas fijas a mover, expiraba este mes. Debido a la huelga del sector, la empresa no pudo llegar a la cantidad fijada y el contrato fue rescindido. De los 24 trabajadores, una decena procedía del norte del país, mientras que el resto había sido contratado en la cuenca turolense. Peal ofertó a los despedidos la posibilidad de trabajar en las obras que tenían en Colombia, México y Polonia, a lo que accedieron tan sólo seis de ellos.
Algo similar ocurrió en León, aunque con la Hullera Vasco Leonesa como empresa matriz. Ésta también mantenía un contrato con Peal en la explotación a cielo abierto de Santa Lucía. La hullera decidió aplicar una reducción de la actividad que afectó a la subcontrata y acabó con la labor de sesenta trabajadores. En este caso, la subcontrata pudo recolocar a catorce de ellos en una obra de movimiento de tierras que tenía en La Coruña, además de comprometerse a buscar empleo al resto en otros tajos de la compañía.
Los recortes han afectado incluso a la hullera estatal Hunosa, donde se acabó el contrato que mantenía con la empresa Tareas Mineras, que empleaba a catorce trabajadores en el pozo San Nicolás, más conocido como Nicolasa, en Mieres. La hullera estatal negó que hubiera una caída de la actividad en sus minas, sino que se debió únicamente a la conclusión del contrato mantenido con la subcontrata, iniciado a principios de 2010 y con un plazo de ejecución de 24 meses. Es más, la compañía estatal aseguró que tenía previsto adjudicar en breve los trabajos de un complejo automarchante con un volumen de 35 puestos de trabajo. Los trabajadores despedidos, por su parte, aseguraron que la obra contratada -el avance y mantenimiento de galerías- no estaba finalizada, tal y como les habían afirmado desde la subcontrata.
Hasta ahora, las empresas matrices descartan recortes de plantilla, pero los trabajadores de las subcontratas se están viendo perjudicados por las políticas de ajuste en el sector carbonero. Por este motivo, los sindicatos mineros persiguen el desarrollo del plan social que establece el Plan General de la Minería del Carbón y que incluye recolocaciones en el sector. De este modo, los trabajadores de las subcontratas podrían entrar en las empresas matriz con los mismos derechos que el resto de sus compañeros.
Algo así se consiguió el año pasado gracias al empeño del SOMA-FITAG-UGT y la Federación de Industria de CC OO, quienes lograron que la hullera estatal contratase a 246 trabajadores procedentes de las subcontratas y de excedentes de la minería.
