El requerimiento de ejecución de sentencia presentado ayer por el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, daba a conocer la persona que representa legalmente a Industria en el conflicto por los fondos mineros. Se trata de Luis de la Vallina, abogado del Estado, que ejerció como viceconsejero de Sector Público cuando el Ejecutivo autonómico estaba presidido por Francisco Álvarez Cascos. Más allá de su cargo como abogado del Estado, en el que ya ejercía antes de entrar en el Gobierno asturiano, en instancias del Principado se comentaba ayer que resultaba chocante que alguien que había representado a los asturianos a nivel autonómico estuviera ahora batallando en su contra a instancias de Industria.
Una lucha que, además de la sentencia de los 213 millones de euros, incluye otros dos recursos ya presentados y a la espera de resolución, que suman 109 millones de euros y responden a los convenios de fondos sin abonar para las anualidades de 2012 y 2013. El primero de estos dos recursos, presentado por procedimiento ordinario, requiere a Industria el abono de 56 millones de euros correspondientes a los proyectos de 2012. El segundo, que se presentó el año pasado también por procedimiento ordinario, supera los 53 millones de euros y se refiere a los proyectos del año 2013.
En ambos casos, el Principado espera obtener de nuevo el respaldo judicial aunque, de seguir Industria con su misma política, los procedimientos podrían dilatarse en el tiempo más de lo debido. Aún así, Guillermo Martínez se mostró "confiado" en la actuación judicial,
Asimismo, en el Principado esperan que los tribunales dicten sentencia en las próximas semanas respecto al primero de los recursos pendientes. Aquí se enmarcan iniciativas como la construcción de una piscina en San Julián de Bimenes (1,6 millones); el centro de empresas y servicios a polígono fábrica de Mieres (1,2 millones), el aparcamiento subterráneo de Oñón (1,6 millones) y el polideportivo en Caborana, en Aller (2 millones), por poner tan sólo algunos ejemplos destacados.
