El futuro del centro europeo de Soft Computing, ubicado en el edificio de investigación del campus de Mieres, se antoja incierto. El patronato de la entidad planteará el próximo viernes un expediente de regulación de empleo (ERE), que afectará a más del 30 por ciento de la plantilla, tal y como ha podido saber este periódico. Las instalaciones llevan subsistiendo con fondos propios desde 2012, año en el que concluyó la vigencia del convenio con Cajastur y el Principado -patronos del centro-, aunque sí han recibido aportaciones puntuales de ambas entidades. De hecho, el Principado solía reservar en sus presupuestos una partida anual de 150.000 euros, mientras que Cajastur -ahora bajo la denominación de Liberbank- también ha hecho aportaciones puntuales, como el año pasado, que destinó 75.000 euros para el centro. Sin embargo, estos abonos se hacen insuficientes para el sostenimiento de la entidad tal y como está planteada en este momento.
De momento, se desconoce cómo se llevará a cabo la regulación laboral, habrá que esperar a la reunión del patronato del próximo viernes. Los ánimos están muy bajos entre el personal del centro europeo, que actualmente cuenta con una plantilla de alrededor de treinta trabajadores entre personal administrativo e investigador.
El centro europeo de Soft Computing se puso en marcha hace ahora diez años con una inversión inicial de doce millones de euros y el soporte de la Obra Social de Cajastur y el Gobierno del Principado de Asturias. Este soporte se mantuvo hasta el año 2012. Desde entonces, el centro europeo de Soft Computing se está autogestionando entre los fondos iniciales, las pequeñas aportaciones de entidades y el dinero procedente de la actividad investigadora. La gestión, tal y como explican los propios investigadores, ha sido aceptable, ya que la entidad no cuenta con deudas, en tal caso deudores, pero no se puede mantener por más tiempo. De hecho, la única forma de evitar el ERE, tal y como explican, sería una nueva inyección económica de carácter anual de aproximadamente medio millón de euros a lo largo de los próximos cinco años, que podría reducirse más tarde hasta los 300.000 euros.
El expediente de regulación será una solución temporal para mantener abierto el centro investigador, pero la reducción de plantilla podría afectar a su actividad investigadora -que se ha mantenido activa en todo momento-, y lastrar a la entidad a su definitivo cierre.
