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Langreo exige a Principado y sindicatos que se replanteen los planes de empleo

El Ayuntamiento no ve claras las cláusulas de la Federación de Concejos para evitar las denuncias judiciales y pide condiciones laborales "dignas"

Una trabajadora del plan de empleo de Langreo en una céntrica calle de Sama. FERNANDO GEIJO

El Ayuntamiento de Langreo busca alternativas para desarrollar su plan de empleo tras analizar la opción ofrecida por la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y comprobar que "nos sigue situando en una relación contractual de fraude de ley", según aseguró la concejala de Empleo, Vanesa Llaneza. "Estudiaremos hasta la última posibilidad de poner en marcha este programa dentro de la legalidad y en condiciones dignas", añadió la edil de Somos.

Ante este panorama el gobierno local reclama a los firmantes de las bases de los planes de empleo, el Principado y las organizaciones sindicales un "ejercicio de responsabilidad" para impedir "colocar a la administración local en una situación de claro atropello de los derechos laborales, agravada por el coste derivado de tal situación y en aplicación de un convenio que no garantiza unos ingresos dignos a los beneficiarios de las plazas de los planes de empleo, de cuyas negociaciones no fuimos partícipes". La FACC recomendó a los ayuntamientos que en los contratos por obra y servicio especifiquen detalladamente las tareas que desarrollará cada trabajador y que incluyan cláusulas en las que figure que se acogen a planes del Servicio Público de Empleo y que no han participado en el diseño de estas políticas. Considera que así los ayuntamientos eluden responsabilidades si los beneficiarios los demandan en los tribunales para entrar en la plantilla municipal o cobrar indemnización, como está ocurriendo en varios consistorios.

El equipo de gobierno langreano reconoce que los planes de empleo "en su formato actual" dejan a los ayuntamientos en un "callejón sin salida", aseguró Llaneza. Tras analizar el documento remitido por la FACC, dijo la concejala responsable del área de Empleo, "las soluciones continúan sin aparecer y las sugerencias se convierten en grandes parches temporales que nos llevan a reproducir los errores y contradicciones de anteriores gestiones municipales".

El ejecutivo langreano pretende "abrir las vías de diálogo necesarias" para encontrar la solución para la puesta en marcha de los planes de empleo. La edil de Empleo destacó la "situación de emergencia social" que se vive en el municipio. Se refirió asimismo a la "profunda dificultad" para la desarrollar estos programas "dentro del marco de la legislación vigente y de los derechos laborales referidos a los contratos". Esta circunstancia ha sido detectada por la concejalía tras analizar las bases de los planes de empleo y contrastarlas con informes técnicos y jurídicos.

"La administración ha de ser garante y ejemplo de la dignificación de las condiciones de trabajo", dijo Vanesa Llaneza. La puesta en marcha de los planes de empleo será analizada hoy por todos los partidos con representación en el Ayuntamiento en una comisión municipal. También se convocará una asamblea ciudadana en el que se debatirán exclusivamente estos programas de inserción laboral. Langreo dispondría de subvención regional para contratar a 35 trabajadores. La concejala de Somos señaló que "nuestro encuadramiento político en los proyectos de unidad popular y en la red de ayuntamientos por el cambio nos lleva a mantener posiciones donde la rentabilidad social de nuestros proyectos va más allá que la inercia institucional de dinámicas heredadas de anteriores gobiernos".

El problema con los planes de empleo surgió con la desaparición del contrato de inserción en 2006, que se sustituyó por el temporal de obra y servicio. Esto permitió que decenas de trabajadores incluidos en esos programas denunciasen al concluir el contrato alegando que habían realizado tareas de personal de estructura de los ayuntamientos. Tras fallar los tribunales a su favor, los consistorios, al no poder aumentar sus plantillas, se vieron obligados a despedirlos y a indemnizarlos con cuantías que llegaron a alcanzar hasta 4.000 euros por empleado.

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