El Principado no va a pagar las indemnizaciones por despido pactadas con los trabajadores del centro de Soft Computing, que se ubicaba en el edificio de investigación del campus de Mieres. Así lo confirmó ayer el consejero Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, que adujo razones legales para no afrontar el pago de las compensaciones por los despidos. Blanco analizó el problema desde dos posiciones: la política y la legal. Pese a reconocer que lo justo sería que tanto el Principado como la Fundación Cajastur, patronos del Soft Computing, asumieran los despidos a partes iguales, aseguró que realizar los abonos de forma legal "es muy complicado".
El Consejero de Industria respondía así a una pregunta de la diputada de Podemos, Lorena Gil, que se interesó por la situación actual del proceso. Francisco Blanco explicó que cuando se planteó el ERE de extinción, el Principado asumió un pacto con los trabajadores para pagarles una indemnización de 30 días por año. La administración regional abonaría el diferencial entre los 24 días que ofrecía el administrador y lo que pedían los trabajadores. Sin embargo, la Fundación Soft Computing "ni siquiera tenía fondos para pagar 10 días de indemnización".
En este punto, Blanco indicó que "políticamente", su postura es la de que "los patronos deberían hacerse cargo de las indemnizaciones". "Políticamente es lo procedente y, lógicamente, si hay dos patronos deben hacerse cargo por igual", dijo, para puntualizar a continuación que "articular eso no es tan sencillo". Así, explicó que los informes internos del Principado apuntan a que la aportación de fondos a una fundación privada, como es el caso del Soft Computing, para un fin que es el pago de unas indemnizaciones a unos trabajadores "parece ser que no justifica el interés público". En consecuencia, el pago no se puede realizar.
"En mi opinión es contradictorio con la responsabilidad política que deberíamos asumir tanto nosotros como la Fundación Cajastur; yo no puedo exigir a las empresas que cumplan con los trabajadores y que luego, en otro caso, el Principado y la Caja no cumplan", dijo el Consejero.
