El Parlamento Europeo se encuentra debatiendo la liberalización del ferrocarril, facilitando la entrada las empresas privadas en este negocio. Un proceso que, como destacó ayer la eurodiputada de Podemos, Tania González, "puede acabar con las líneas convencionales, como ocurre con las de Feve". González acudió hasta el colegio público de Cabañaquinta, en Aller, para participar en la charla "El transporte público en Aller: la línea Collanzo-Baiña", un tema que conoce a fondo ya que, como eurodiputada, es ponente en la sombra del cuarto paquete ferroviario, que plantea la liberalización de este servicio con el argumento de que mejorará su calidad. Un planteamiento que rechaza de pleno.

"Esto ha pasado con muchos servicios públicos anteriormente, primero se dejan de cuidar y, cuando funciona mal, se lo encargan a una entidad privada", apuntó González, destacando que el beneficio, "se consigue de las condiciones laborales y otras cuestiones que repercuten en precios y servicio". Como consecuencia, "corren peligro líneas como la de Collanzo-Baíña, que quizás están infrautilizadas, pero son necesarias en determinadas zonas geográficas, de hecho, ya tenemos ejemplos de clausura de Cercanías en España". En lugar de eso, señaló la eurodiputada, "hay que mejorar estas líneas y fomentar su uso, sólo así se mejorarán los datos de viajeros".

La eurodiputada de Podemos criticó la falta de una política de infraestructuras, tanto en España como en el Principado, "que sólo ha estado marcada por intereses electorales y de las grandes corporaciones, sobre todo constructoras, que presionan a los gobiernos para conseguir contratos multimillonarios, sin tener en cuenta las condiciones de vertebración social y territorial". Sería el caso de líneas como la de Feve en Aller, "que comunican núcleos que igual no están muy poblados, pero que son esenciales para el desarrollo social de esa zona rural". Sin embargo, apuntó González, "los actuales intereses están en el AVE, siendo el país que más kilómetros tiene de este tipo de ferrocarril y en el que se han gastado más de 50.000 millones de euros, como si fuese algo que no lo paga nadie cuando son los ciudadanos, con sus impuestos, los que lo hacen; y también tiene que ver con la deuda pública que hay ahora en el país".

Sobre la liberación del ferrocarril, la eurodiputada explicó que el gobierno español "se adelantó al parlamento varios años, el próximo mes de diciembre se votará la separación entre el gestor de infraestructuras y el operador ferroviario, algo que ya existe en España con Adif y Renfe, y es el primer paso para que las líneas sean explotadas por operadores privados". El peligro, en este caso, "serán las líneas que no son rentables para una empresa privada, pero el tren, como servicio público, no tiene que generar dinero en todas las líneas, tiene que generar beneficio social. Una empresa privada no es una ONG y eso no lo va a valorar".

Modelo del Reino Unido

También remarcó que el proceso de liberalización "sigue el modelo del Reino Unido, que ha tenido que dar marcha atrás y renacionalizar algunas líneas por cuestiones de seguridad, ya que había muchos accidentes y empresas con pérdidas, por eso no tiene sentido que Europa impulse un modelo que ha salido mal". Aún así, Tania González admitió que "es difícil parar el proceso, porque lleva muchos años avanzado".

Lo que toca ahora, como explicó, "es que los estados miembros se posicionen, por un lado, y llevar este asunto a la mayoría de la población, por el otro". De ahí la charla de ayer en el colegio público de Cabañaquinta, que tendrá continuación en otros territorios. La eurodiputada de Podemos también está apoyando la movilización de la plataforma por el ferrocarril público. "Es un camino de largo recorrido, pero aún tenemos unos meses para generar una opinión pública contraria a la liberalización del ferrocarril", apostilló.