El futuro del carbón nacional lleva años pendiendo de un hilo. A las duras normativas y varapalos que el propio sector está recibiendo por parte de la Unión Europea y los diferentes Gobiernos españoles, también se unen las restricciones medioambientales y de emisiones que desde los ámbitos comunitarios se van imponiendo a la generación eléctrica. Ante este panorama, las centrales térmicas que funcionan con carbón han sido objeto de una revisión normativa por parte de la UE que les obliga a una importante reducción de emisiones a partir de 2020, lo que conlleva que las empresas eléctricas tengan que tomar una decisión sobre sus instalaciones: o cerrar, o acometer fuertes inversiones para adaptarlas. En este punto, y a día de hoy, solamente dos centrales que funcionan con carbón nacional saben ya su futuro. La de Anllares, en la provincia de León y propiedad de Endesa y Gas Natural Fenosa, cerrará sus puertas antes de 2023. La de Soto de Ribera, de EDP, seguirá activa.
La revisión de la normativa de emisiones por parte de la UE, que ha limitado y reducido los permisos para el SO2 y el NOx a partir del año 2020, ha obligado a las eléctricas a replantearse el futuro de sus térmicas de carbón. Además, muchas de ellas fiaban la continuidad de sus plantas energéticas a las medidas anunciadas por el Gobierno de España que nunca se pusieron en marcha. Tras expirar el 31 de diciembre de 2014 el real decreto de consumo por garantía de suministro puesto en marcha por la administración Zapatero y que obligaba a las eléctricas a comprar mineral nacional a cambio de una compensación, el sector carbonífero nacional quedó al pairo.
El Gobierno del PP anunció en 2015 la puesta en marcha de un nuevo mecanismo de primas al carbón. La fórmula para la concesión de estas primas no conllevaba directamente un pago a las eléctricas por la compra del mineral nacional, sino que el Ejecutivo subvencionaría las obras de adaptación medioambiental de las centrales en función del mineral autóctono que fueran quemando. Esta normativa jamás llegó a aprobarse, ya que el propio gobierno español reconoció después de muchos meses que Bruselas no había dado la autorización. Aún hoy hay todavía muchas incógnitas que cerrar sobre qué centrales continuarán su actividad.
En el caso de Endesa, la empresa que tiene el mayor número de centrales térmicas de carbón, todavía está esperando a la formación de un nuevo Gobierno para decidir si acomete las inversiones. Al menos, así lo han asegurado desde los ejecutivos de Castilla y León y Aragón. La compañía energética posee seis centrales de carbón y solamente ha confirmado el futuro de dos de ellas. Por un lado, en las instalaciones coruñesas de As Pontes, Endesa invertirá 218 millones de euros. Por el otro, la central de Litoral, en Almería, donde ya ha invertido 240 millones para adaptarla a la normativa de emisiones. Sin embargo, ninguna de ellas consume carbón español. Las otras cuatro plantas de la empresa sí consumen mineral nacional, aunque solamente se conoce lo que será de Anllares, que también es propiedad de Gas Natural Fenosa. El futuro es negro: cerrará antes de 2023.
Gas Natural Fenosa posee otras tres centrales de carbón. La que quema mineral de importación, ubicada también La Coruña, aunque en este caso en la localidad de Meirama, seguirá funcionando, y para ello se están invirtiendo 100 millones de euros. En el caso de las centrales de mineral nacional, la asturiana de Soto de la Barca y la leonesa de La Robla, la incógnita sobre su porvenir aún no se ha despejado.
Las dos plantas que tiene Iberdrola, una en Lada y otra en Velilla del Río Carrión, están recibiendo una inversión de 30 millones de euros y estarán operativas al menos hasta 2020. A partir de ahí, la empresa eléctrica aún no se ha pronunciado. En el caso de la planta asturiana, el carbón que consume es importado. En uno de los grupos de la palentina, sí que quema mineral autóctono.
Las que sí que seguirán operativas, aunque con menos potencia, serán las dos centrales térmicas que EDP tiene en Asturias. Aboño, que quema carbón importado, y Soto de Ribera el nacional, han recibido una inversión de 90 millones para seguir produciendo electricidad con menos emisiones.
Por último, la empresa Viesgo mantendrá su planta de Los Barrios, en Cádiz, en la que se han invertido 65 millones para proseguir con la quema de mineral de importación. En el caso de Puentenuevo, en Córdoba, y que quema carbón autóctono, el futuro es hoy incierto. Como el de todo el sector.
