30 de noviembre de 2016
30.11.2016
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Piden tres años para dos guardias de Aller por escuchas en una investigación interna

La vista, fijada para hoy en Oviedo, ha sido suspendida al trasladarse a la Audiencia Unión GC califica de "error judicial grave" la acusación

30.11.2016 | 10:47

Un sargento y un cabo de la Guardia Civil del puesto de Cabañaquinta (Aller) están acusados por la Fiscalía de un delito de revelación de secretos por el que pide una condena de tres años de prisión a cada uno y el pago de una multa de 7.920 euros. El ministerio público sostiene que grabaron, en marzo de 2013, los interrogatorios realizados por agentes de Asuntos Internos en relación a un expediente disciplinario a un guardia. Luego se difundieron los citados datos. La vista iba a celebrarse en la mañana de hoy en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, pero ha sido suspendida hace tiempo, puesto que el asunto ha sido derivado a la Audiencia Provincial de Asturias, que es la competente para enjuiciar a los agentes de la Benemérita.

Uno de los suboficiales acusados fue el que abrió el expediente al guardia, en concreto por un incumplimiento de horarios. Los agentes de Asuntos Internos se desplazaron al puesto de Cabañaquinta y realizaron una serie de entrevistas en el despacho del jefe del destacamento, con el fin de aclarar la denuncia. El fiscal cree que los acusados, puestos de común acuerdo, aprovecharon la oportunidad que les daba sus respectivos destinos en el cuartel para colocar en el lugar en que se practicaron las entrevistas, que tenían que ser reservadas, un dispositivo de grabación de audio con el afán de grabar el contenido de las mismas. Ni los instructores del expediente, ni los partícipes como testigos, ni el expedientado sabían que estaban siendo grabados y por lo tanto no autorizaron tal grabación.

La Unión de Guardias Civiles (Unión GC) considera que todo este asunto es "un error judicial grave", puesto que las pruebas que apuntan contra los dos suboficiales "son circunstanciales". "Pudo haber algún tipo de filtración, pero no se sabe quién pudo hacerla", indicó un cargo de la asociación profesional, quien expresó todo su apoyo a los guardias encausados, que están siendo defendidos por el letrado Ignacio Botas.

Aparte de la pena de prisión y la fuerte multa solicitadas, el ministerio público pide la inhabilitación absoluta de los agentes por espacio de ocho años, lo que llevaría presumiblemente aparejada su expulsión del cuerpo de la Guardia Civil.

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