Hunosa ya tiene luz verde para cobrar hasta 36,4 millones de euros por el caso del carbón desaparecido. La Audiencia Provincial de Oviedo ha desestimado el recurso presentado por la empresa Unión Minera del Norte (Uminsa), del magnate carbonero Victorino Alonso, contra la ejecución provisional de la sentencia, y que la obliga a pagar lo establecido en primera instancia. El fallo de los tribunales no es recurrible.
En un auto al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, la sección sexta de la Audiencia asturiana "desestima el recurso de apelación" interpuesto por Uminsa -que opera en Cerredo-, contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo, que en enero dictó un auto por el que autorizaba la ejecución de la sentencia que condenaba a Uminsa al pago de 28 millones de euros y de otros 8,4 millones en concepto de intereses y costas derivadas del proceso judicial por el caso del carbón desaparecido. Además, la Audiencia impone a la empresa de Victorino Alonso el pago de las costas de la apelación, lo que supondría en torno a otro medio millón de euros sobre el montante total.
El pasado mes de enero, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo, había desestimado la petición de Uminsa de aplazar la ejecución de la sentencia que condenaba a la compañía del empresario leonés a indemnizar a la hullera por la desaparición de más de medio millón de toneladas de carbón procedente del Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC). Un espacio que estaba en sus instalaciones. Automáticamente, la empresa de Alonso anunciaba un recurso, justificado en que a su juicio, resultaba "a todas luces incongruente, pues difícilmente se puede comprender que unas garantías irregular e indebidamente constituidas, hasta el extremo de dar lugar a una eventual indemnización por daños y perjuicios, puedan al mismo tiempo mantener su vigencia y no devengan automáticamente ineficaces". Ahora, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ratifica el fallo obtenido en Primera Instancia.
Además, en el auto, señala que la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 11 de la capital, en el que recayó el concurso de acreedores de Uminsa, de calificar el importe adeudado por esta empresa a Hunosa como "crédito con privilegio especial", de manera que no se le aplicará quitas ni plazos de espera.
El caso del carbón desaparecido surgió en el año 2013. Cuatro años antes, en 2009, el Gobierno de Zapatero puso en marcha el AETC, un mecanismo por el que encargaba a Hunosa comprar carbón que las empresas privadas no podían vender a las térmicas. Posteriormente, las propias compañías privadas almacenaban en sus parques el carbón comprado por la hullera pública a cambio de un alquiler, con la condición de no poder utilizarlo ni venderlo, ya que sería la propia empresa pública la encargada de hacerlo tras el mandato gubernamental.
En 2013, Hunosa encargó un informe sobre el carbón almacenado en los parques de Victorino Alonso, con un resultado de un desfase de 578.000 toneladas respecto a lo que debería de haber. El proceso fue largo y farragoso, con informes técnicos de parte y también los realizados por el juzgado, que finalmente concluyó que, efectivamente, habían desaparecido casi 600.000 toneladas de carbón propiedad de Hunosa de los parques de las empresas Uminsa y Coto Minero Cantábrico. El juez condenó a ambas compañías al pago a Hunosa de 28 y 18,6 millones respectivamente. Tras varias reclamaciones judiciales para concretar el pago, Hunosa ha logrado un embargo cuyos efectos empezaron a verse en febrero, con la recuperación de los primeros 4,6 millones.
