El Juzgado de instrucción de León número 3 ha pedido al Gobierno central que no conceda ninguna ayuda a la empresa Prosimet, propiedad de Victorino Alonso, que le pudiera corresponder como consecuencia de la cesión de derechos mineros de Uminsa. La jueza atiende así un requerimiento de Hunosa que había denunciado un presunto delito de alzamiento de bienes por parte del empresario leonés, que estaría desviando bienes de Uminsa a nuevas sociedades para evitar el pago de los 46 millones (ya ha abonado 8) que adeuda a la hullera asturiana por el caso del carbón desaparecido.
El auto dictado por el Juzgado de instrucción nº 3 de León decreta la medida cautelar "de aseguramiento patrimonial", por la que se reclama al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras que "no abone cantidad alguna a Prosimet en concepto de ayudas estatales que pudieran derivar de concesiones mineras". Estas concesiones son las de Salgeiro y sector Fabero Sil, en León; así como las ubicadas en Asturias, La Esperanza, La Positiva, Justa Cuarta, Demasia a Esperanza, Rosina Rosona, Aurelia, Justa Quinta, Tres Hermanos, Demasia a Aurelia, Justa Quinta Segunda, Complemento a Justa Quinta, Demasia a Justa Cuarta, Demasia Aurelia (2), Ampliación tercera a Tres Hermanos, Nueva Justa Tercera, Ana María Tercera, El Carmen y Virgen del Carmen. Contra este auto puede presentarse recurso ante el propio Juzgado o a la Audiencia Provincial.
Hunosa mantiene un largo litigo con el magnate minero Victorino Alonso por la desaparición de 578.000 toneladas de mineral del denominado almacén estratégico de carbón que tenía en salvaguarda. Por la pérdida de este carbón, Alonso fue condenado a pagar a la hullera asturiana 46 millones, entre el valor del mineral, los intereses y las costas judiciales. Hunosa ya ha cobrado unos 8 millones.
Recurso a Castilla y León
Pero la compañía que preside María Teresa Mallada entiende que el empresario leonés ha comenzado a transferir propiedades por importe de 18,9 millones de Uminsa, una sociedad condenada y en liquidación, sumando maquinaria, concesiones mineras, fincas, edificaciones en unidades productivas y existencias. El objetivo sería vaciarla de valor para que no tenga bienes con los que pagar a Hunosa.
La hullera ha recurrido las resoluciones de la Junta de Castilla y León en las que se autorizaba la cesión de concesiones mineras de Uminsa en favor de Prosimet, unos activos "esenciales para su actividad minera". El argumento es que Uminsa presentó su solicitud de liquidación "inmediatamente después" de esa autorización con el objeto de desprenderse de todos sus bienes antes de que "empiecen a regir las normas aplicables en la liquidación concursal".
El objetivo final, esgrime Hunosa, es que Uminsa quede "vacía de patrimonio, en perjuicio evidente tanto de los acreedores como de los trabajadores, que quedarían totalmente desprovistos de cualquier activo minero con el que retomar o reflotar su actividad y empleo".
