José Luis Arias, José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Manuel Antonio Moure, Orlando González y Roberto Álvarez. Seis mineros muertos. Otros ocho compañeros, heridos. El pozo Emilio, en Gordón (León), se convertía tristemente en el centro de la atención de todo un país, de todas las cuencas mineras, el 28 de octubre de 2013. Un accidente en la explotación de Santa Lucía de Gordón, de la Hullera Vasco Leonesa, suponía el mayor suceso en España en los últimos años. Ahora, casi cuatro años después, la jueza ha dado ya el paso de dar por finalizada la instrucción del caso, lo que permitiría que tanto al Fiscalía como las acusaciones particulares puedan pedir la apertura de juicio oral contra los responsables del accidente. En total, la titular del Juzgado de instrucción número 4 de León señala a dieciséis personas como investigadas, a las que se les imputan seis presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, ocho delitos de lesiones por imprudencia grave y un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores.

El auto de la jueza leonesa es claro. Por una parte, señala que "fueron muchos los avisos y los indicios de riesgo que la mina iba dando a diario, sin que fueran tenidos en cuenta por los investigados". Además, indica que "la dirección de la empresa, la dirección facultativa y todo el personal dependiente de la misma, responsable en materia de seguridad y prevención de riesgos, obligada por lo tanto a facilitar a los trabajadores las medidas de seguridad que hubieran evitado el accidente, no hizo nada para variar la forma de explotación, paralizar el tajo e impedir que nuevamente los trabajadores accedieran a diario a su puesto, pese a que se estaba trabajando en condiciones muy peligrosas, sin las adecuadas medidas de seguridad, poniendo en grave peligro la vida, salud e integridad física de los trabajadores".

Aprecia la jueza en el auto que la ventilación no era adecuada ni suficiente y agrega que "entre el día 14 y 18 de octubre, la concentración promedio del metano siempre superó el 1,5%, el límite legalmente establecido y de obligado cumplimiento". Y establece que las concentraciones de metano, gas cuyo desprendimiento súbito causó de la muerte de los mineros, eran altas incluso en las horas anteriores al fatal accidente.