El Ayuntamiento de Mieres ha logrado eludir el pago de una indemnización considerable al propietario de una finca situada en las proximidades de Arriondo que sufrió importantes daños a causa de un argayo. El afectado reclamó judicialmente al consistorio la cantidad de 93.793 euros por los daños sufridos y los costes de reparación que tuvo que afrontar en su finca. Sin embargo, el Juzgado contencioso-administrativo número 3 de Oviedo considera que, en contra de lo planteado por el vecino, los servicios municipales no tuvieron ninguna responsabilidad en lo sucedido.

El demandante alegó que los daños en su propiedad son imputables al funcionamiento "anómalo" de los servicios públicos municipales por la "omisión en la conservación" del camino vecinal que una las poblaciones de Aguaín y Arriondo Alto. En concreto ligó el corrimiento de tierra a la ejecución tardía de las obras de reparación del camino y de la canalización de aguas. La senda afectada se sitúa en lo que era la antigua vía ferroviaria. El argayo se produjo en enero de 2013. Los informes municipales estimaron en su momento que fueron las "fuertes lluvias" caídas el día del siniestro las causantes del deslizamiento del terreno, "ya que el Ayuntamiento no hizo actuación alguna en la zona que causara el mismo". El demandante replicó con un estudio geológico según el cual la causa de la inestabilidad del terreno se encuentra en la altura del talud vertical, la acción del agua y los eventuales movimientos de tierra. Por su parte, el informe pericial encargado por el juez es claro al afirmar que las obras ejecutadas por el Consistorio en la zona afectada correspondieron a una "actuación propia de un camino vecinal y subraya que fueron ejecutadas "con dignidad". Pero lo más concluyente de este informe, a juicio del magistrado, es que avala el sistema de compactación empleado y recalca que el Ayuntamiento se limitó a cumplir las normas urbanísticas.

El desencuentro entre el vecino y el Ayuntamiento comenzó cuando el primero decidió acometer una serie de obras en su finca que incluyeron movimientos de tierra. Varios vecinos de Arriondo trasladaron una queja al Consistorio mierense, que abrió una investigación constatando que las labores se estaban abordando sin licencia. Así, los servicios técnicos municipales procedieron a paralizar los trabajos. Al poco tiempo, debido a las lluvias, en la zona se produjo un argayo. Fue este corrimiento de tierra el que dañó el camino público. El propietario tuvo entonces que asumir las tareas de limpieza. Tras este incidente fue el Ayuntamiento el que presentó inicialmente un recurso judicial para forzar al vecino a que ejecutara un muro de contención que garantizase la seguridad del terreno y evitara nuevos desprendimientos. En este caso, el juez falló a favor del propietario, que a continuación presentó la reclamación que ahora ha sido desestimada.