La negociación del transporte escolar se encona y las empresas ultiman protestas

Las cuatro patronales asturianas preparan una próxima concentración de autocares y un paro en mayo para que Educación reabra el diálogo

 
Vehículo de transporte escolar, en Oviedo.
Vehículo de transporte escolar, en Oviedo. 

El transporte escolar está abocado al conflicto si la Consejería de Educación no retoma la negociación del pliego de condiciones del concurso que deberá adjudicar este año la totalidad de las 1.054 rutas existentes en la comunidad. Las cuatro patronales preparan una próxima concentración de autocares y un paro para mayo si no se reabre el diálogo, suspendido hace quince días.

Oviedo,
Javier CUARTAS
Las cuatro patronales asturianas de autocares ultiman la convocatoria de movilizaciones y paros en el transporte escolar para desbloquear la negociación con la Consejería de Educación del pliego de condiciones del concurso público mediante el que este año deberán adjudicarse de nuevo las 1.054 rutas de transporte escolar existentes en Asturias. Las patronales CAR, Astra, Asvipymet y Asetra prevén llevar a cabo una concentración de autocares próximamente y la convocatoria en mayo de un paro del transporte escolar si antes no se reanudan las conversaciones, que quedaron rotas hace quince días. Las cuatro organizaciones empresariales aseguran que tampoco está garantizado el servicio escolar para el próximo curso.
El último concurso público se produjo en 2004 para un período de dos años, prorrogables por otros dos. Antes de septiembre deberá producirse forzosamente una nueva adjudicación de la totalidad de las rutas. El conflicto se ha producido en la negociación de los términos económicos y demás aspectos del pliego de condiciones del concurso público.
La decisión de la Consejería de actualizar las tarifas vigentes con un aumento del 6,2% ha sido juzgada por las empresas como inaceptable por insuficiente. Las patronales sostienen que muchas compañías entrarían en pérdidas porque el aumento tarifario planteado por el Principado (y que sería un tope máximo, susceptible de recorte a la baja en período de ofertas) no permite absorber el incremento de los costes de explotación, fundamentalmente los de combustible (el gasóleo se encareció el 41% en el cuatrienio), pero también salariales (superiores a las regiones limítrofes), más los gastos derivados de la entrada en vigor de normas más estrictas sobre tiempos de descanso de los conductores y los sobrecostes originados por las crecientes medidas de seguridad impuestas al transporte de niños.
Las empresas alegan también, junto a otras reclamaciones, la competencia de los taxis, que concurren a los concursos, aseguran, con ventaja porque pueden optar en igualdad pese a sus menores costes y sin estar obligados a cumplir exigencias impuestas a los buses, caso de la obligación del adulto acompañante.
Las empresas replicaron a Educación y negaron que existan ayudas al transporte escolar. Las patronales sostienen que las subvenciones a las líneas de débil tráfico lo son a líneas regulares de baja demanda y no al transporte escolar, que la ayuda al consumo de biodiésel está neutralizada por el impuesto específico sobre carburantes («céntimo sanitario») y que los ingresos por publicidad del «billete único» no son ayudas sino una contraprestación (y a precio inferior al del mercado) por el uso de un soporte publicitario.
Las empresas aseguran que su situación es crítica.

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