Solbes admite que el margen para aumentar la financiación autonómica es «reducido»

El País Vasco obtiene el respaldo del fiscal del Tribunal de Justicia de la UE para mantener sus privilegios fiscales

09.05.2008 | 00:00

Madrid, E. P.


El vicepresidente económico, Pedro Solbes, admitió ayer que el margen del que dispone el Gobierno para incrementar la financiación autonómica es «reducido» en la situación actual, si bien aseguró que su preocupación no es tanto la «cuantía» como el modelo que se pondrá en marcha para que todas las comunidades tengan la «financiación suficiente».


Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja, Solbes reiteró ante los grupos parlamentarios que el Ejecutivo tiene la intención de «cumplir lo pactado» y hará todos los esfuerzos necesarios para cumplir con las fechas previstas. «Pondré toda la carne en el asador», insistió.


Solbes concedió que la negociación no es un «tema fácil», por la «enorme» complejidad de su marco legal, que afecta a la Constitución, a la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y a lo estipulado por los diferentes estatutos autonómicos. No obstante, expresó su confianza en alcanzar acuerdos para iniciar la reforma antes de la fecha límite fijada por el Estatut de Cataluña en el 9 de agosto. «Creo que, más o menos, las ideas generales son las mismas que vienen en los estatutos y no plantean sorpresa», aseveró, al tiempo que reiteró que el objetivo es conseguir una «financiación equivalente» de servicios básicos para todas la comunidades.


Solbes señaló que la intención del Gobierno de reservarse el 50% del gasto público y la recaudación en exclusiva del impuesto de sociedades «no es nueva», y rechazó las comparaciones «excesivamente simplistas» entre las respectivas aportaciones tributarias de las comunidades y el Estado central. «Si el problema es que sólo existan transferencias verticales, va a ser muy complicado resolverlo», advirtió.


En puertas de la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, el País Vasco encontró ayer un respaldo en la UE para conservar sus privilegios fiscales. La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, ha respaldado en un informe la autonomía del País Vasco para dictar normas fiscales propias, diferentes a las del Estado, una decisión saludada con unánime satisfacción en el País Vasco.


La abogada general, un cargo equivalente al de fiscal, hizo público ayer su informe sobre el caso que tiene que juzgar el Tribunal Europeo de Luxemburgo sobre la fiscalidad vasca. Habitualmente, este Tribunal suele seguir las recomendaciones de la abogada general, por lo que la respuesta en el País Vasco ha sido de satisfacción, pero también de prudencia hasta conocer la sentencia definitiva.


El caso llegó a Luxemburgo como una consulta planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que tiene que decidir sobre unos recursos presentados por las comunidades autónomas vecinas de La Rioja y Castilla y León y por el sindicato UGT-Rioja contra el impuesto de sociedades vasco del año 2005.


La abogada general no ve razones para cuestionar la autonomía del País Vasco. Kokott recuerda la jurisprudencia del Tribunal de la UE según la cual las medidas fiscales de una entidad regional son generales y no una ayuda de Estado cuando tal entidad posee «suficiente autonomía» y un régimen que beneficia de la misma manera a todas sus empresas. Es la llamada «doctrina de las Azores», que reconocía la especificidad fiscal de las islas y que era la tesis defendida también por las instituciones vascas.

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