Oviedo / Madrid,
J. L. S. / M. M. / Agencias
La prejubilación del consejero delegado del BBVA José Ignacio Goirigolzarri, de 55 años, con una pensión cercana a 3 millones de euros brutos anuales (250.000 euros al mes), desató ayer una tormenta de críticas y descalificaciones en medios políticos y sindicales. Calificativos como escandaloso, vergonzoso y hasta «obsceno» fueron algunos de los que se utilizaron ayer para atacar la pensión de Goirigolzarri, que será vitalicia y para la que el BBVA tiene provisionados 52,49 millones (8.600 millones de pesetas). Eso sí, no cobrará indemnización, porque su marcha es de mutuo acuerdo. Mientras tanto, los cinco grandes bancos del Reino Unido han acordado limitar las bonificaciones a sus ejecutivos, y el Banco de España pide moderar los sueldos en las administraciones públicas para «contagiar» al privado y que también lo haga.
Rosa Suárez, presidenta de las Asociaciones Federadas de Autónomos de Asturias (Afas), tachó de «brutalidad» que Goirigolzarri se prejubile con 55 años y con una pensión de casi tres millones de euros al año. «Los autónomos sentimos vergüenza ajena cuando nuestras jubilaciones son mínimas. ¿Cómo se entiende que el Estado inyecte dinero al sistema y que nos diga que hay que apretarse el cinturón, y luego se consientan estas cosas?».
Miguel de la Fuente, decano del Colegio de Economistas de Asturias, calificó la prejubilación de Goirigolzarri de «despilfarro económico e intelectual. Si es una persona tan brillante y ha hecho una gestión tan pulcra en el BBVA no se comprende que le dejen prejubilarse con sólo 55 años y con unas cantidades que asustan».
El secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, tachó de «tremendo y vergüenza que se pague esa pensión a un señor con el ahorro de miles de trabajadores, y más en momentos como éste. Esperemos que este tipo de cosas animen a los trabajadores a movilizarse». Comentario que apoyaron el líder de USO, Francisco Baragaño, y el de CC OO, Antonio Pino, quien añadió que «ahora son los empresarios y altos ejecutivos que la liaron los que hacen estas cosas y nos dicen además lo que hay que hacer para salir de la crisis».
El ministro de Fomento, José Blanco, afirmó que «indemnizaciones de este tipo deberían tener una fiscalidad especial», «mayor», matizó después. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, eludió entrar en consideraciones y subrayó que ha sido «una decisión de los accionistas» del banco, aunque sí admitió que cabe «una consideración de ética» sobre el asunto.
Mucho más contundente fue el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien si bien coincidió en que se trata de una decisión de una entidad privada, agregó que es de esperar que desde el BBVA «nunca nos den consejos para que congelemos las pensiones de 800 euros o abaratemos el despido; es lo único que les pido: que no nos den consejo». Ayer mismo, un informe del Banco de España abogaba por la moderación salarial en España y, en concreto, en el caso de los trabajadores de las administraciones públicas.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo que es «muy complicado de explicar» que, «con la que está cayendo, se produzcan jubilaciones de este tenor», aunque matizó que «no está dentro del ámbito de lo público». El responsable de Economía en el PP, Cristóbal Montoro, insistió en el carácter privado de la decisión, pero reconoció que una pensión así en una crisis «se vuelve muy llamativa». Josep Lluis Sánchez Llibre (CiU) cree que es «un mal ejemplo en tiempos de crisis», y Gaspar Llamazares (IU) lo tachó de «escándalo». La diputada de UPyD, Rosa Díez, consideró la pensión como una «obscenidad».
